Estoy suscrito a varios chats de amigos y conocidos que se han convertido en foro de intercambio de bromas, directrices y reflexiones relacionadas con el ideario procesista. Así me entero del último chiste sobre las maldades anticatalanas del gobierno del PP o de la circulación de fake-news de todo tipo. Últimamente ha reaparecido la carta falsamente imputada a la periodista Julia Otero en la que explicaba que se le había caído la venda española de los ojos y ya lo veía todo de color estelado. De nada sirvió que desmintiera, en su momento, que nunca había escrito ese texto. Circuló hace años y lo vuelve a hacer ahora. Y los interlocutores de los chats se lo creen o lo hacen ver. Trump a tope.
Estos últimos días circula profusamente por esos canales la campaña para apadrinar una de las urnas que el gobierno catalán tiene que comprar para hacer el referéndum anunciado para septiembre. No es nada nuevo. En septiembre de 2013, hace casi cuatro años, Reagrupament Independentista ya hizo una campaña exactamente con el mismo lema: «Apadrina una urna». Se trataba de recoger fondos para comprar las urnas que se debían utilizar para la consulta sobre la independencia que había prometido el gobierno presidido entonces por Artur Mas. Hemos cambiado de presidente, pero estamos igual que hace casi cuatro años, más o menos.
También está prácticamente igual la tramitación de la iniciativa legislativa popular para una Renta Garantizada de Ciudadanía. Esta ILP recogió más de 120.000 firmas para pedir que se cumpla el artículo del Estatuto de Autonomía que dice que todos los ciudadanos de Cataluña tienen derecho a una renta garantizada que les asegure una vida mínimamente digna. Las firmas llegaron al Parlamento coincidiendo en el tiempo con la campaña de Reagrupament Independentista. Cuatro años después nuestros representados en el Parlamento de Cataluña han sido incapaces de garantizar 664 euros mensuales a cada catalán.
Los gobiernos catalanes, primero de CiU y ahora de Junts pel Sí (CiU y ERC), se han negado a hacer realidad este derecho que reconoce nuestro Estatuto. La última a prestarse al juego de tirar balones fuera y retrasar la aprobación de la Ley que debería regular la Renta Garantizada de Ciudadanía es la consejera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa. El último obstáculo que se ha sacado de la manga es oponerse a que las personas que trabajen pero que cobren menos de 664 euros reciban de la Administración el dinero mensual que les falta para llegar a esa cantidad.
¿Qué llegará antes? ¿El uso de las urnas -apadrinadas o no por los ciudadanos- para introducir los votos del referéndum anunciado o la aprobación de la ley que garantice un mínimo de dignidad a los catalanes empobrecidos?
Apadrine una urna, si lo desea, pero apadrine también a alguno de los cientos de miles de catalanes que viven o sobreviven con menos de 664 euros al mes.
