La peor pesadilla para los 3.500 vecinos que viven en el entorno de la plaza de las Glorias es que la construcción del túnel viario se suspenda y que la obra desafortunada se acabe convirtiendo en una réplica del proyecto faraónico de la estación del AVE de la Sagrera, también a medias, paralizado sine die y salpicado por la sombra de la corrupción.
La disyuntiva del Ayuntamiento de Barcelona entre seguir adelante con la primera fase del túnel asumiendo el sobrecoste fruto de la incompetencia política y la falta de profesionalidad de las empresas responsables, y rescindir el contrato y licitarlo de nuevo ha caído como un jarrón de agua fría sobre las expectativas vecinales. Las obras acumulan un retraso de 19 meses y la paralización supondrá un nuevo atraso de un año como mínimo.
El escenario, expuesto en la reunión que el pasado 20 de abril convocaron las asociaciones de vecinos del Poblenou, Fort Pienc, Sagrada Familia y Clot-Camp de l’Arpa para explicar el encuentro con la regidora de urbanismo, Janet Sanz, provocó malestar y algunas voces plantearon movilizaciones para exigir al consistorio que cumpla con el Compromiso por Glorias firmado hace diez años. De poco sirvieron los intentos de rebajar el disgusto explicando que la paralización de la obra del túnel no tiene por qué afectar al resto de proyectos. Se exigieron responsabilidades por la chapuza y que se garantice el túnel hasta la rambla del Poblenou.
EQUIPAMIENTOS, VIVIENDA Y PARQUE
La transformación de las Glorias que pactaron las entidades vecinales con el consistorio socialista a finales de marzo del 2007 no se limita a la construcción de los complejos túneles viarios. También incluye equipamientos, un 50% de vivienda de protección oficial y un parque. La firma de este compromiso por parte del gobierno municipal significó entonces una gran victoria para el movimiento vecinal porque reconocía la falta endémica de servicios públicos. El documento planteaba la construcción de guarderias, bibliotecas, dispensarios, centros asistenciales para gente mayor, polideportivos e institutos. La mayoria de los equipamientos tenian que estar acabados en 2012 y la guinda de todo el proyecto, el parque urbano, en el 2013.
Diez años después, ni los equipamientos ni las viviendas ni el parque están hechos, sobre la obra planea el fantasma de la presunta financiación irregular de CiU y en la modificación del Plano General Metropolitano que se está tramitando se ha sustituido la vivienda por hoteles, se han reducido y eliminado equipamientos, y se ha alterado el proyecto original del parque. A esto se le tiene que añadir la exigencia que el gobierno de Xavier Trias impuso a los vecinos de dividir la construcción del túnel en dos fases. «Ahora se ve que no fue la mejor decisión y que todo esto nos ha llevado a la situación actual«, remarcó uno de los representantes vecinales.
El informe jurídico encargado por el gobierno de Ada Colau avala la rescisión del contrato adjudicado el 26 de febrero del 2015 a la UTE formada por las empresas Romero Gamero, Benito Arnó e Hijos, Copisa Constructora Pirenaica y Comsa por un importe de 60.107.647 euros IVA incluido. La principal conclusión que justifica la decisión de licitar de nuevo este tramo de túnel -que ahora llega a su fase más crítica porque está a punto de pasar por debajo la galería ferroviaria- es que el retraso de las obras es imputable a las empresas. Sin embargo, una cosa son los informes jurídicos y otra las repercusiones políticas, por eso Colau buscó el apoyo de la oposición antes de que el consejo de administración de la empresa BIMSA votase la rescisión del contrato.
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