Las estimaciones del Ayuntamiento de Barcelona sobre el fraude cometido por FCC con el contrato de recogida de los residuos de Gràcia y parte del Eixample, cifradas en 800.000 euros el pasado mes de noviembre, se han elevado hasta los 3,3 millones de euros. De este importe, casi 1,3 millones corresponden a incumplimientos contractuales y los 2,1 millones restantes resultan del cálculo de las penalizaciones previstas legalmente, que FCC tendría que haber pagado si hubiera comunicado los incumplimientos en vez de ocultarlos.
Los tenientes de alcalde Janet Sanz y Jaume Asens han presentado estos números en la rueda de prensa con que han anunciado que el expediente informativo que las contiene se llevará al pleno de este viernes, y que en la misma sesión se tendrá que decidir sobre la apertura de un expediente sancionador. Paralelamente, el gobierno municipal ha entregado a la Fiscalía las conclusiones del expediente informativo, que ha detectado facturación de servicios no realizados.
Así pues, FCC se puede enfrentar a dos vías sancionadoras. En cuanto a un posible expediente sancionador, Sanz y Asens han señalado que una de las posibles propuestas de sanción sería la rescisión del contrato y la inhabilitación de la empresa para optar a futuras adjudicaciones.
«Estamos ante una trama organizada para eludir los sistemas de control», ha asegurado Asens. De hecho, los responsables municipales han revelado que FCC alteró en 2014 conscientemente al menos 30 de los 6.200 servicios anuales de recogida de residuos voluminosos para evitar que se le aplicara un precio por tonelada más bajo. También han indicado que, el mismo año y también para asegurarse ingresos más elevados, mezcló residuos de algunos contenedores.