Condenan a Unión por haberse lucrado con dinero de una fundación afín

El partido, que ha dejado de existir, tendrá que devolver 178.000 euros
duran unio
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La Audiencia de Barcelona ha condenado a Unión Democrática (UDC) como responsable civil por haberse beneficiado ilícitamente de 178.000 euros de la Fundación Catalunya i Territori, afín a la formación política democristiana. Según la sentencia, entre los años 2003 y 2006 esta fundación pagó a Unión diversas facturas de proveedores, con motivo de congresos, reuniones y actas del partido.

La sentencia exige a la antigua formación democristiana, actualmente en proceso de liquidación, que devuelva a la fundación el dinero que desvió irregularmente. También considera probado que Unión se lucró con 195.7000 euros más, al no pagar los alquileres de los locales que la fundación arrendaba en Lleida (Segriá), Tarragona (Tarragonés ) y Tàrrega (Urgell). El partido devolvió esta cantidad cuando se inició la causa penal en junio del 2013.

Joan Albert López y Miguel Ángel Cortés, responsables de la Fundación Catalunya i Territori, han sido condenados a penas de 8 años y ocho meses de prisión, y a indemnizar con 1,7 millones a la entidad, por falsedad en documento mercantil, estafa, apropiación indebida e insolvencia punible. La sección sexta de la Audiencia también ha condenado a seis meses de prisión por insolvencia punible al ex-presidente de la Fundación Catalunya i Territori, Josep Boqué, y a Xavier Soriano, vinculado al partido. En cambio, el constructor Josep Cornadó ha resultado absuelto.

La sentencia apunta que los ex-dirigentes de la fundación, que controlaban hasta diecinueve sociedades administradas por testaferros, solicitaron en varios bancos y cajas de ahorros múltiples líneas de descuento, «aparentando que disponía de una actividad económica relevante y solvente«. A través del conglomerado pudieron descontar muchas facturas giradas que no se correspondían con ninguna contraprestación. La salida de fondos de la fundación hacia el entramado de empresas controlado por los acusados subió a 1,8 millones, indica la Audiencia de Barcelona.

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