A la policía patriótica, que impulsó el anterior ministro español del Interior, Jorge Fernández Díaz, se le están acumulando los enemigos en los juzgados de Andorra. La batllia -juzgado de instrucción- que se encarga de indagar sobre las supuestas amenazas y coacciones recibidas por altos cargos de la Banca Privada de Andorra (BPA) de parte de policías españoles ha admitido a trámite la querella presentada en enero por el Instituto de Derechos Humanos de Andorra (IDHA) contra el comisario Marcelino Martín Blas y el inspector Celestino Barroso.
Según ha publicado esta semana el digital andorrano Altaveu, sigue la línea argumental desplegada por los hermanos Cierco, máximos accionistas de la BPA, que controlaban la entidad antes de la intervención del Gobierno del Principado. De este modo, el IDHA se convierte en acusación popular en una causa enmarcada en la llamada operación Cataluña, por la que esta institución también se considera afectada. Antes se habían querellado los Cierco y los Pujol.
El IDHA comparece en la causa, según la misma información, en defensa de los derechos humanos de los perjudicados, entre ellos los relacionados con la libertad, la seguridad y el patrimonio. Con esta decisión, también sostiene que contribuye a proteger la soberanía y la integridad del Estado andorrano.
Contragolpe de los Pujol
Por otro lado, la defensa de Jordi Pujol Ferrusola, hijo primogénito del ex-presidente de la Generalitat, está presionando para debilitar el sumario del caso Pujol. Según revela eldiario.es, los abogados no tienen bastante con tumbar las indagaciones que afectan al famoso pendrive que pretendía esgrimir la Policía, sino que han pedido al juez instructor, José de la Mata, que haga declarar al responsable de la UDEF en estas indagaciones y que reduzca aún más los elementos disponibles para investigar lo que los informes del caso describen como una organización criminal familiar.
En concreto, según eldiario.es, los abogados Cristóbal Martell y Albert Carrillo quieren lograr la anulación de dos informes -al margen del pendrive-, y también neutralizar los «objetos procesales nuevos» que estos informes, y los basados en el pendrive, han introducido en la causa. Si se hace caso de sus pretensiones, el contenido de los informes no podrá fundamentar acusaciones ni los datos que contienen podrán basar indagaciones de los investigadores, añade la misma información.
