Las familias de los dos agentes rurales que un cazador mató a tiros en Aspa (Segrià) se han querellado este lunes contra once cargos del Departamento de Agricultura por un presunto delito contra la seguridad de los trabajadores en concurrencia con otro de homicidio imprudente. Entre esos cargos está la consejera Meritxell Serret.
En la querella criminal, presentada en un juzgado de Lleida, se hace constar que los cargos de Agricultura estaban obligados a facilitar protocolos, equipos y otras medidas de prevención de riesgos laborales para proteger la salud y la seguridad de los agentes rurales. Así mismo, se indica que este departamento de la Generalitat sólo ha hecho que las patrullas fueran de tres personas y no de dos, y ha proveído a estos efectivos de chalecos antibalas y de una arma -sólo para uno de ellos-, a partir de la muerte de los agentes en Aspa.
Los querellantes consideran que los agentes podrían haber sobrevivido «si hubieran tenido las medidas de protección e intimidación necesarias, ya que el primer disparo lo recibió uno de los agentes en la zona torácica, que habría estado cubierta por el chaleco y el tercer agente armado habría podido intervenir». Asimismo, recuerdan que se habían acumulado alertas de casos de amenazas y agresiones, y reprochan a Agricultura que ha mirado hacia otro lado.
El abogado que ha presentado la querella es Pau Simarro, el mismo que ha asistido a las familias de los bomberos que murieron en 2009 en el incendio de Horta de Sant Joan (Terra Alta). Además de los familiares, que ejercen la acusación particular, CCOO ha presentado una querella igual en calidad de acusación popular.
