Todos los sondeos –el último, el del CEO- coinciden al señalar que la opción independentista es minoritaria en Cataluña. Pero no hay que ser un experto en demoscopia para constatar que, más allá de la extraordinaria campaña de intoxicación y manipulación mediática para hinchar el «proceso» que sufrimos desde hace cinco años, esto es y será así durante muchos años. Sólo hay que pasear por las calles de las principales aglomeraciones urbanas de Cataluña –empezando por Sant Vicenç dels Horts, la ciudad de Oriol Junqueras- para certificar aquello que nos objetivan las estadísticas del Idescat: que, nos guste o no, la lengua castellana es mayoritaria en la sociedad catalana de hoy.
«Grosso modo», con la actual composición social de Cataluña es imposible que el nacionalismo identitario pueda aspirar a ser mayoritario, al menos a corto plazo. La acción política siempre tiene que estar arraigada en la realidad y si quiere penetrar y crecer lo tiene que hacer a partir de la asunción del presente.
El gran problema que tenemos en Cataluña es que la correlación de fuerzas que hay en el Parlamento no se corresponde con la radiografía de la sociedad real que nos dan los estudios demoscópicos más profundizados. Y es que, históricamente, una parte de la población castellanoparlante que vota en las elecciones generales españolas no lo hace en las elecciones autonómicas catalanas. Este curioso fenómeno, unido a los efectos perversos de la actual Ley electoral –que prima la representación de las demarcaciones catalanas con menos población-, explica que los resultados de unas y otras elecciones sean tan diferentes desde el año 1980.
Lo que expongo es una evidencia que todo el mundo, empezando por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, conoce perfectamente. Aunque Junts x Sí y la CUP sumen una mayoría matemática en el Parlamento de Cataluña, esta adición no tiene una traslación en la realidad del día a día que se vive en las grandes ciudades del país. Por eso, hechos políticamente muy graves como son la inhabilitación del ex-presidente Artur Mas, de la ex-vicepresidenta Joana Ortega y de los ex-consejeros Irene Rigau y Quico Homs por el 9-N han tenido una respuesta mínima en las calles. Sencillamente, a la mayoría de la gente –ocupada en sus quehaceres cotidianos- le resbala. Tal vez si hubieran sido condenados a penas de prisión… Pero el poder judicial español ha sido, en esta ocasión, prudente e inteligente.
Dicen que el pueblo es sabio y soberano. Desde esta premisa, la demanda de un referéndum de autodeterminación o de independencia tampoco es una inquietud que haga perder el sueño a nadie, salvo a los sectores más hiperventilados que viven inmersos en la burbuja procesista. Y menos aún la supuesta urgencia de convocarlo el próximo mes de septiembre. Pero este «referéndum o referéndum» enunciado por el presidente Carles Puigdemont contamina y condiciona de manera obsesiva la agenda política catalana.
No sólo me preocupa y me inquieta este enorme «décalage» que hay entre aquello que se cuece en el Parlamento de Cataluña y la vida en la calle. Me sabe mal la enorme pérdida de tiempo, de esfuerzos y de dinero que la Generalitat invierte en un referéndum de independencia que no es ninguna prioridad en las preocupaciones de la gente y que, además, no se puede hacer. No porque lo diga Mariano Rajoy: sencillamente, porque la Constitución española de 1978 no contempla el derecho de autodeterminación y secesión de las autonomías.
La Junta electoral, dependiente del poder judicial, no dará nunca cobertura técnica a un referéndum en Cataluña que no tenga el visto bueno del gobierno central. Esto quiere decir que no habrá censo oficial, ni mesas de votación legales, ni un recuento de votos reconocido. Es decir, el hipotético referéndum que propone el gobierno catalán sería, en todo caso, un sucedáneo del 9-N que nunca será reconocido como válido por la comunidad internacional. Suponer que una «legalidad catalana» –fruto de la «desconexión»- dé cobertura a este referéndum es, sencillamente, una quimera. ¿Qué jueces, qué funcionarios, qué policías se jugarán el trabajo y el sueldo por un referéndum invalidado por el Tribunal Constitucional? ¿Qué empresas darán el servicio tecnológico necesario? Ya os lo digo: ninguna.
Todo esto, que lo sabe un estudiante de primero de Derecho, el presidente Carles Puigdemont y todos los que le siguen la música parece que lo obvian. Increíble. Vivimos instalados en una gran mentira colectiva y no hay nadie en el gobierno de la Generalitat capaz de verbalizarlo, aunque todos los consejeros y todos los diputados sean plenamente conscientes que el camino emprendido no tiene salida.
Cataluña es un país pequeño y tiene la ventaja que todos nos conocemos. Por eso, desde esta columna, miro a los ojos del presidente Carles Puigdemont –el periodista Carles de El Punt, de Catalonia Today y de la ACN– y le pregunto:
*¿Por qué, Carles, te empeñas en tirar adelante un proyecto político que, en caso de prosperar, dividiría a la sociedad catalana?
*¿Por qué, Carles, quieres desencadenar un enfrentamiento, que –excepto cuatro descerebrados- nadie quiere entre independentistas y no independentistas?
*¿Por qué, Carles, provocas que independentistas de buena fe acaben considerando a su vecino castellano del rellano como un «invasor» y un «enemigo»?
*¿Por qué, Carles, has permitido que el Parlamento de Cataluña se haya convertido en una jaula de grillos donde el «proceso» justifica todas las aberraciones y todos los clamorosos olvidos?
*¿Por qué, Carles, has convertido la política catalana en un «delirium tremens» que secuestra el resto de imprescindibles debates que hay pendientes en Cataluña?
*¿Por qué, Carles, llevas a todos los independentistas como tú al abismo de la frustración?
*¿Por qué, Carles, en nombre de la independencia de Cataluña estás amputando la reconstrucción del espacio de convivencia y de colaboración con los territorios vecinos?
*¿Con qué derecho, Carles, mezclas el buen nombre de la Generalitat y de Cataluña con los representantes más reaccionarios del Congreso de los Estados Unidos y del Parlamento europeo?
*¿Por qué, Carles, quieres arrastrar a un puñado de gente a sufrir, gratuitamente y a cambio de nada, la lógica penalización que comportan las infracciones a la ley?
*¿Por qué, Carles, quieres condenar a Cataluña a ser expulsada de la Unión Europea?
Yo sé, Carles, porqué haces todo esto. Y quiero decirte que te equivocas y que no vale la pena. Mírate al espejo: tú no eres el muñeco de nadie ni te tienes que dejar instrumentalizar por personas que defienden intereses muy poco honorables. No hagas más daño, convoca elecciones y dimite. Harás un favor a tu familia, a tus amigos que te quieren y a Cataluña.
