El ex-presidente de la Generalitat, Artur Mas, la ex-vicepresidenta, Joana Ortega, y la ex-consejera, Irene Rigau, han presentado un recurso de casación al Tribunal Supremo (TS) alegando que la sentencia condenatoria del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), por haber participado en la organización del proceso participativo del 9-N, es inconstitucional. Todo esto, basándose en sus derechos reconocidos en la Constitución española.
En este recurso, el ex-presidente Artur Mas, que ha sido condenado a dos años de inhabilitación, ha invocado siete infracciones de ley, por una rotura de forma y cinco infracciones de normas constitucionales. Considera que la sentencia del TSJC contradice los derechos constitucionales a la participación, a la libertad ideológica y de expresión, a la irretroactividad del derecho penal y a la igualdad. Además, el abogado de Artur Mas, Xavier Melero, ha indicado la infracción a los derechos a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a un procedimiento judicial público con todas las garantías.
Según la defensa del ex-presidente de la Generalitat, durante el juicio en el TSJC hubo un «error en la apreciación de la prueba» consistente en el Informe del Consejo Asesor para la Transición Nacional. Tanto Mas, como las ex-consejeras Ortega y Rigau, aseguran que «no hemos desobedecido«, y han apelado a los derechos fundamentales que se recogen en la Constitución, puesto que «no se hizo nada que contraviniera la ley«.
Paralelamente, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Jesús María Barrientos, ha defendido el veredicto del tribunal, y ha afirmado que si tanto la fiscalía como los condenados lo han recorrido, puede indicar que no les ha «satisfecho plenamente«, y que, por lo tanto, el tribunal ha tomado una «una decisión justa«.
