Esta mañana ha empezado en la Audiencia Nacional el juicio por el ‘caso Pretoria‘, casi ocho años después de que se destapara esta presunta trama de corrupción urbanística en los ayuntamientos de Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona.
Los principales acusados son el ex-diputado socialista Luis Garcia, alias Luigi, que se enfrenta a 8 años de prisión; el ex-alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz; el ex-consejero de Economía de la Generalitat, Macià Alavedra, y el ex-secretario general de Presidencia, Lluís Prenafeta, por los cuales la fiscalía ha pedido una pena de 6 años y 10 meses de prisión y el regreso de 5,8 millones de euros, en el caso de Prenafreta y de 3,2 millones para Alavedra.
Al empezar la vista, la fiscal de la Audiencia Nacional, Ana Cuenca, ha revelado que Macià Alavedra, acusado de haber cometido presuntos delitos de soborno, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, ha pactado con la fiscalía una rebaja de su petición de condena, a cambio de 10,3 millones de euros y su confesión. Sin embargo, la fiscal no ha concretado qué reducción habría, porque la determinará en función de lo qué declare Alavedra, así como del pago de la multa que tiene pendiente.
Además del ex-consejero de Economía, hay tres acusados más que han pactado una rebaja de condena. Uno de estos es el empresario Manuel Carrillo, a quien se le solicitaban tres años de prisión por un presunto delito de soborno al ex-alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, para que manipulara el concurso para la adjudicación del contrato de la limpieza del consistorio.
Por otro lado, Gloria Torres y Philip Mahan, acusados de ser los testaferros que utilizaron los cabecillas de la trama para esconder el patrimonio en el extranjero, han aceptado las acusaciones de la Fiscalía. Han reconocido los delitos por los cuales se les acusa, referentes al blanqueo de capitales, a cambio de que se les impute como delito único. Este pacto les permitirá rebajar la pena a medio año de prisión, y a una multa de 2.606.206,34 euros, en el caso de MacMahan y de 315.000 euros, en el caso de Torres, evitando tener que comparecer en el resto de sesiones del juicio. En el supuesto de que sean considerados culpables por el tribunal, esta reducción podría evitar su entrada en prisión.
