Cataluña se consolida como un ‘hub’ cannábico europeo mientras espera la regulación

Continúa el goteo de operaciones policiales contra las plantaciones y los clubes cannábicos tienen una ILP en el Parlamento con todo a favor para ser ley pronto
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Los comisos de marihuana se han disparado un 162% entre 2015 y 2016, y han pasado de las 5,5 toneladas a las 14,4 según el balance sobre la delincuencia en Cataluña publicado por el Departamento de Interior. Los Mossos d’Esquadra hacen constar que las confiscaciones de maría siguen superando a las del hachís marroquí, y que su cultivo y tráfico hacia mercados europeos se ha convertido últimamente una actividad principal de estructuras de crimen organizado.

La Guardia Civil, por su parte, señala que estas organizaciones gestionan, mediante una logística integral, tanto el cultivo como el posterior transporte a toda Europa, donde el precio de la mercancía se incrementa «exponencialmente» en función del número de fronteras atravesadas. Sus cultivadores, añade, son a menudo hombres desempleados que obtienen a cambio un sueldo mensual y un alojamiento.

Además, la Guardia Civil no solo confirma el incremento de las actuaciones, sino la proliferación de cultivos de más rentabilidad productiva y el auge del tráfico. En definitiva, Cataluña se ha transformado en un hub cannábico, pero de dos caras. Además de la vertiente delictiva, que encuentra aquí una ubicación estratégica y rentable económica y penalmente (por las bajas sanciones), según expone el intendente de los Mossos Xavier Porcuna, destaca el potente fenómeno asociativo, que reúne a miles de inscritos en clubes. Las dos realidades se cruzan, no obstante, cuando bajo la apariencia de clubes cannábicos se enmascaran, en realidad, actividades de distribución, apuntan las fuerzas de seguridad y también las federaciones de clubes, que reclaman una regulación que asegure que el derecho al autoconsumo se pueda ejercer de manera segura y saludable.

Los brotes verdes de la ILP 
Últimamente, en cambio, el asociacionismo cannábico se ha encontrado con el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que ha tumbado los criterios orientativos (no obligatorios) de salud pública que el Departamento de Salud aprobó en 2015. La anulación, basada en aspectos formales y no de fondos o competenciales, es vista por las dos grandes federaciones de clubes, FedCAC y CatFAC, como un absurdo especialmente ahora, cuando hay dos proposiciones no de ley relativas al fenómeno cannábico en el Congreso de los Diputados y, sobre todo, una ILP en fase de enmiendas en el Parlamento de Cataluña, a la que solo se opone el PP.

FedCAC ha exhortado a la Generalitat a no tirar la toalla y a cumplir los requerimientos del TSJC. Su portavoz, Andrea Martín, valora la aprobación de aquellas recomendaciones como una prueba, a pesar de que «no es suficiente», de la mejor predisposición del gobierno catalán en comparación con el español. «Creemos que la sociedad catalana ya está preparada para este cambio de paradigma«, dice en referencia a la ILP como un primer paso hacia una regulación integral.

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