El magistrado José de Mata, instructor de la macrocausa contra la familia Pujol en la Audiencia Nacional, está contento. Ha encontrado en Andorra la mina que le permite hacer avanzar el sumario, seriamente tocado después del show del pendrive (vease EL TRIANGLE n. 1246).
La guerra a muerte que libran los comisarios Marcelino Martín Blas y José Manuel Villarejo, miembros destacados de la brigada patriótica organizada por el ex-ministro Jorge Fernández Díaz para combatir el movimiento independentista catalán, ha estado a punto de echar a perder una parte sustancial de las investigaciones dirigidas en los últimos cuatro años por la unidad de delincuencia económica y fiscal (UDEF) de la policía sobre el primogénito del clan Pujol, debido a las filtraciones interesadas de audios a través del diario www.publico.es.
Además, la negativa de algunos paraísos fiscales, como por ejemplo Liechtenstein, a enviar la documentación bancaria pedida por el juez José de Mata con comisiones rogatorias amenaza en dejar a oscuras una parte del tesoro escondido por los Pujol en todo el mundo y, por lo tanto, dificulta la plena reconstrucción judicial del puzzle.
El GRIFO NO PARA DE GOTEAR
Pero he aquí que el Coprincipado de los Pirineos, que la familia del ex-presidente de la Generalitat usaba como plataforma operativa de paso para mover el dinero, ha aceptado colaborar de manera abierta y fluida con el juez José de Mata y dar respuesta a todos sus requerimientos de información. Después de expresar unas reticencias iniciales -dado que en Andorra la evasión fiscal y el blanqueo de capitales no se consideran actividades delictivas-, las autoridades judiciales andorranas han cambiado de criterio y, a través de la alcaldesa (jueza) Maria Àngels Moreno, han entregado a la Audiencia Nacional kilos de documentación bancaria sobre el clan Pujol. Y el grifo no para de gotear.
La comisión rogatoria inicial ya ha sido ampliada en trece ocasiones, a medida que el magistrado de la Audiencia Nacional va obteniendo nuevas informaciones, pistas e indicios. Si en un principio la petición de documentación se limitó a las cuentas de los Pujol en la Banca Privada de Andorra (BPA) y Andbank, ahora se ha hecho efectiva su extensión a todo el sistema bancario y financiero andorrano. Además, el Tribunal Constitucional del Coprincipado ha validado la legalidad de esta comisión rogatoria al rechazar, ahora hace un mes, la denuncia interpuesta por los Pujol.
De nada han servido, pues, las privilegiadas y estrechas relaciones que, durante décadas, tuvo el ex-presidente de la Generalitat con Òscar Ribas, el ex-jefe de gobierno de Andorra y presidente de honor de Andbank. Al contrario. En su declaración al juez de la Audiencia Nacional, que se filtró la semana pasada, Òscar Ribas negó su amistad con Jordi Pujol y afirmó que el Júnior le había exigido personalmente que Andbank destruyera todo el historial bancario de la familia, cosa que le dijo que era imposible de hacer. En el mismo sentido declaró el actual presidente de este banco andorrano, Manuel Cerqueda, que vinculó el cierre de las cuentas de la familia Pujol en Andbank, a finales del 2010, con la presión por hacer desaparecer documentación comprometida de los Pujol de los archivos de la entidad.
La guerra Pujol-Andbank también se ha traducido en la presentación de una querella de Jordi Pujol Jr. contra Oriol Ribas, hijo de Òscar Ribas y vicepresidente del banco andorrano, que ha sido archivada por el Tribunal Constitucional. Para acabarlo de arreglar, el abogado que han fichado los Pujol en Andorra, Jean-Michel Rascagnères, ha sido nombrado por el gobierno de Toni Martí como nuevo presidente de la Caixa Andorrana de la Seguridad Social (CASS), uno de los cargos más codiciados del país. Esto se interpreta como una maniobra política para «desactivar» la defensa de los intereses judiciales de la familia del ex-presidente de la Generalitat.
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