La disposición adicional número 31 de los Presupuestos catalanes, aprobados por Junts pel Sí con el apoyo de la CUP, es anticonstitucional y antiestatutaria, según la resolución del Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) conocida este viernes.
Pese a no ser vinculante, este dictamen emitido por unanimidad es un golpe a la hoja de ruta que da la razón al recurso presentado por el PSC, Ciudadanos y el PP. Sin embargo, la portavoz del Gobierno de la Generalitat, Neus Munté, ha expresado que el ejecutivo que preside Carles Puigdemont mantiene su compromiso con la celebración del referéndum.
La resolución es contraria a la posibilidad de dedicarle partidas presupuestarias. La disposición número 31, fundamental por el apoyo cupaire a los Presupuestos, preveía que el Gobierno catalán garantizara un proceso referendario sobre el futuro político de Cataluña en el marco de la legislación que fuera vigente cuando la votación se convocara.
Para el CGE, la Generalitat no tiene margen de maniobra normativa o ejecutiva más allá de una solicitud al Estado y el contenido de la citada disposición no tiene amparo en el marco constitucional y estatutario. En cambio, considera que sí que encajan en ese marco partidas dedicadas s procesos electorales y consultas populares.
