Una de las grandes injusticias perpetradas por el pujolismo vuelve a resucitar, 25 años después. Los damnificados por las expropiaciones de los terrenos de Vila-seca i Salou, donde se levanta el parque de atracciones de Port Aventura y dónde, en un futuro, se ha previsto construir el proyectado complejo de hoteles, casinos y comercios conocido como BCN World -a pesar de que este nombre ya se da por liquidado, después de la fuga del promotor Enrique Bañuelos- se han empezado a movilizar para reclamar más dinero a la Generalitat.
A los 450 pequeños propietarios de las 825 hectáreas del centro recreativo y turístico (CRT) se les expropió hace 25 años a precio de terreno rústico. La excusa legal que dio la Generalitat era que el parque de atracciones era un proyecto de interés nacional para atraer turismo a esta zona de la Costa Dorada. Pero Port Aventura sólo ocupa 125 hectáreas de las 825 que se expropiaron.
El pasado 29 de diciembre, la comisión de política territorial y de urbanismo de la Generalitat aprobó el nuevo plan de desarrollo urbanístico (PDU) de la zona, que prevé la construcción de un enjambre de grandes hoteles, dos casinos, salas de espectáculos, centros de convenciones, áreas comerciales… En total, se edificarán más de 800.000 metros cuadrados, si bien el máximo previsto en el proyecto inicial del CRT del año 1989 -modificado posteriormente en 2014- era de 500.000 metros cuadrados.
El abogado Javier Huarte Trias de Bes, especialista en derecho urbanístico, ha hecho un llamamiento público a los vecinos de Vila-seca i Salou para que reaccionen ante esta monumental tupinada. Los terrenos que hace 25 años fueron expropiados a 30 euros el metro cuadrado han sido recalificados de manera intensiva por el nuevo PDU –donde tenían que ir chalés unifamiliares ahora habrá hoteles de 75 metros de altura- y con este cambio de usos han pasado a valer una fortuna.
El pasado viernes, día 17, se hizo una asamblea informativa en el teatro del Centro de Vila-seca, donde el abogado Javier Huarte animó a los expropiados a emprender medidas legales para reclamar que la Generalitat les pague una compensación por esta recalificación y el incremento desmesurado del techo edificable que prevé el nuevo PDU. La diputada Hortènsia Grau, de Catalunya Sí Que Es Pot (CSQP), presente en la reunión, explicó que, según sus cálculos, la indemnización que tendrían que recibir los labradores y pequeños propietarios que fueron expropiados hace 25 años multiplica por diez la que se les pagó.
Según el abogado Javier Huarte hay el precedente del parque de atracciones de Terra Mítica, en Alicante, que refuerza esta reclamación. En este caso, los propietarios de los terrenos fueron indemnizados en función de los beneficios que, según el plan de negocio, tenía que reportar esta actividad empresarial. La doctrina de vincular el justiprecio de una expropiación al rendimiento económico que se obtendrá ha sido ratificada con posterioridad por la jurisprudencia del Tribunal Supremo y también lo ampara la nueva ley española del suelo del año 2007.
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