Horas graves en Cataluña

En Cataluña estamos inmersos en una crítica situación política que contrasta con la normalidad que se vive en los pueblos y en las ciudades, donde la gente va a lo suyo e intenta aprovechar la evidente recuperación de la actividad económica para recuperar el pulso después de la tremenda crisis que hemos sufrido. La Generalitat de Carles Puigdemont ha declarado la «guerra» al gobierno central de Madrid y, desde la Moncloa, han puesto en marcha una respuesta que, por lo que vamos viendo, será contundente y con voluntad de exterminio del irredentismo independentista, hasta el final y con todas sus consecuencias.

Como ya he expuesto en esta misma columna en numerosos artículos, yo hablo con conocimiento de causa y tengo las cosas claras: hay una correlación directa entre la ofensiva judicial –que aplaudo- contra la corrupción protagonizada durante años por Convergència y la decantación del aparato del partido pujolista hacia la independencia. Si Oriol Pujol, el heredero dinástico designado para ocupar la presidencia de la Generalitat, no hubiera sido cazado por un juzgado lucense en la martingala de las ITV, hoy no estaríamos donde estamos.

La estrategia de reacción ante la imputación del heredero articulada desde el pujolismo ha sido idéntica a la que se escenificó, hace 33 años, ante la crisis de Banca Catalana y la querella criminal interpuesta por la fiscalía: extrapolar un problema concreto de malas prácticas penalizadas judicialmente transformándolo en una «agresión» de Madrid contra Cataluña. La agitación del sentimiento de agravio y persecución, la movilización en la calle y un discurso mediático «ad hoc» comprado con dinero público consiguieron, entonces, «asustar» a Felipe González y al monarca Juan Carlos I, que firmaron la «pax catalana» a cambio de impunidad… y de hacer algunos negocios juntos. Eran otros tiempos.

Hoy, esta estrategia no tiene recorrido. La amenaza del «referéndum o referéndum» no da miedo al gobierno central, que tiene toda la fuerza y todos los instrumentos para abortar este chantaje y, lo más importante, el apoyo total de los grandes países que dominan la Unión Europea (Alemania, Francia e Italia), que de ninguna forma aceptarán el precedente de una región rica que decide escindirse del estado del cual forma parte.

Lo que hemos vivido en los últimos meses y semanas es gravísimo de «per se»: procesamiento y juicio del ex-presidente Artur Mas, de la ex-vicepresidenta Joana Ortega y de la ex-consejera Irene Rigau por el simulacro del 9-N. Procesamiento y juicio, este 27 de febrero, del ex-consejero de Presidencia, Francesc Homs, por el mismo motivo. Dos querellas criminales de la fiscalía por desobediencia y prevaricación contra la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, y una contra los tres diputados independentistas de la Mesa. Interrupción de las reuniones del consejo ejecutivo de la Generalitat por parte de funcionarios judiciales para entregar en mano al presidente y a los consejeros las resoluciones del Tribunal Constitucional que prohíben taxativamente los pasos que se dan en el proceso hacia la independencia.

Mientras tanto, la acción de la justicia contra la corrupción convergente está siendo implacable y sin concesiones. El juez de la Audiencia Nacional José de Mata ha entrado a saco en las cuentas de toda la familia Pujol en paraísos fiscales y, gracias a la colaboración de las autoridades andorranas, tiene al clan del ex-presidente de la Generalitat entre la espada y la pared. El caso del 3%, que instruye el juez de El Vendrell Josep Bosch, espoleado por la fiscalía anticorrupción, también avanza a pasos gigantescos y ha desmantelado la estructura de empresas que financiaban a Convergència a cambio de adjudicaciones, dejando al partido en la miseria y en la UVI.

La represión contra la corrupción convergente irá a más en las próximas semanas y meses, afectando también a los empresarios que participaban en esta trama. Coincide esta ofensiva judicial y policial con el inicio de la vista oral del escándalo del Palau de la Música –que se prolongará hasta finales de junio- y la próxima celebración en la Audiencia Nacional del juicio del caso Pretoria, que «fusilará» a dos pesos pesados del pujolismo, como son Lluís Prenafeta y Macià Alavedra. El clima mediático, que asociará, irremediablemente, corrupción con independencia, será volcánico e irrespirable.

Pero esto no es todo. Desde Madrid han decidido cortar de raíz la provocación independentista catalana y en esta «guerra» no hay prisioneros. Las entidades que, más allá de los partidos, alientan el fuego independentista también son objeto de duras represalias. Lo acaban de «probar» la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, que se han encontrado, de un día por otro, con las cuentas embargadas por una estricta aplicación de la ley de protección de datos. O el Barça de Josep Maria Bartomeu, que sufre una delirante y exacerbada persecución judicial por el fichaje de Neymar.

Según se comenta por los «mentideros » de Madrid, otro objetivo prioritario de la represión anti-independentista serán los medios de comunicación que mantienen encendida la llama secesionista y que, gracias a las subvenciones, han creado una «burbuja» artificial. En este sentido, se anuncian medidas punitivas contra TV3, que se ha erigido en la principal plataforma propagandística del proceso.

Hermanos, vienen tiempos muy duros. La vida me ha enseñado que las batallas se tienen que planificar y plantear para ser ganadas. Y la actual escalada de tensiones Estado-Generalitat la tenemos perdida de antemano y por goleada.

En primer lugar, porque la asociación corrupción-independentismo es inevitable y es letal. Hasta que no desterremos al pujolismo por siempre jamás, no podremos encarar, si es el caso, un proyecto secesionista con el aval internacional. Tengámoslo claro: Artur Mas, que intenta erigirse como candidato del PDECat, es, en realidad, el octavo hijo de Jordi Pujol y su absoluta prioridad es defender los intereses judiciales y económicos de la familia.

En segundo lugar, porque las finanzas de la Generalitat están intervenidas, son totalmente dependientes del FLA y el ministro Cristóbal Montoro puede cortar el grifo cuando quiera y ahogarnos.

En tercer lugar, porque, más allá de los círculos de hiperventilados y del «sometent mediático» subvencionado, la cuestión procesista, en el punto de no retorno al cual hemos llegado, resbala a una gran mayoría social.

En estas horas graves, previas a la gran represión, quiero explicarme bien: yo me considero catalán, pero no me molesta ni me produce urticaria ser español. Yo lucho y condeno la corrupción, que considero que es el cáncer de la democracia. Yo no soy independentista, pero no porque sea «unionista»: creo que es una opción muy lícita, pero que no tiene ningún sentido en el contexto geopolítico europeo del siglo XXI y excita de manera tramposa y peligrosa los sentimientos de millones de personas. En consecuencia, creo que el «referéndum o referéndum» es una vía totalmente equivocada.

Dicho esto: Carme Forcadell es la presidenta de mi Parlamento y Carles Puigdemont es mi presidente de la Generalitat y los defenderé aunque lleven Cataluña, mi pueblo, al precipicio.

Dicho esto: creo que lo más sensato, en la actual coyuntura, sería convocar unas elecciones para desintoxicar este cargado ambiente político y aligerar la insoportable presión y la dolorosa represión.

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