El juez instructor del caso Pujol, José de la Mata, ha solicitado información a los Estados Unidos, el Reino Unido, Suiza, Uruguay, México y Panamá sobre los movimientos detectados en las cuentas bancarias de la familia del ex presidente catalán Jordi Pujol, revela Vozpópuli.
Se trata de ampliaciones de peticiones ya cursadas o de nuevas comisiones rogatorias en las que, según la misma información, se señala que varias personas pueden haber ejercido de testaferros para facilitar a Jordi Pujol Ferrusola, el hijo primogénito, la disponibilidad de cuentas en los citados países y también en Argentina y Paraguay, así como la posibilidad de efectuar inversiones mediante sociedades instrumentales.
Asimismo, en cuanto a las cuentas andorranas, Vozpópuli destaca que De la Mata se refiere a «movimientos ingentes de salida de dinero a muchas jurisdicciones», entre los que destaca algunas consideradas zonas offshore, como Panamá, Suiza, Liechtenstein, Luxemburgo, Suiza, Uruguay o las Islas Vírgenes Británicas.
Oriol Pujol y Teyco
En relación a la misma tanda de peticiones de información, el diario El Indepediente revela que el ex dirigente de Convergència Oriol Pujol, que no está imputado por el caso Pujol pero está pendiente de juicio por el asunto de las ITV, aparece relacionado con Teyco. En concreto, De la Mata dice de él que se benefició con una operación de compra y posterior venta efectuada por esta empresa de los Sumarroca, una de las familias de la órbita pujolista, que tiene miembros imputados en los casos Pujol y 3%.
Por otro lado, De la Mata ha hecho constar que Jordi Pujol Ferrusola fue socio de una compañía de la República Dominicana en la que tenía intereses Xavier Plana Bassols, a quien se atribuye la titularidad de una cuenta en Andorra. Plana, como recuerda la descripción del instructor publicada por El Independiente, ocupó lugares de responsabilidad en empresas con representación en el sector público. En particular recuerda su paso por La Seda: la Fiscalía presentó una querella contra él y otros responsables por la posible comisión de varios delitos, entre ellos apropiación indebida, falsedad, administración desleal, delito fiscal y simulación de contratos.
