El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha vuelto a promover el boicot contra Coca-Cola para conseguir que la multinacional respete los derechos de los trabajadores, algunos de los cuales se han concentrado este miércoles ante las puertas del Tribunal Supremo, donde se acaba de dirimir la última batalla de este conflicto laboral.
El Supremo ha dado la razón a Coca-Cola ratificando la mayoría del contenido de una resolución de la Audiencia Nacional que daba por buena la readmisión de los trabajadores del centro que la multinacional tiene en Fuenlabrada. La resolución confirmada este miércoles consideraba que la empresa había mantenido las categorías y los horarios que los empleados tenían antes de que el centro de trabajo pasara a ser logístico. Por su parte, los sindicatos recurrieron en casación por considerar que no se cumplían los plazos establecidos por la Justicia y que se habían alterado las condiciones laborales de los trabajadores.
El conflicto laboral en Coca-Cola hace años que se arrastra y no es la primera vez que Iglesias interviene. Sin ir más lejos, en diciembre, cuando participó en una concentración de los trabajadores ante la sede del PP, dijo que «no se puede consentir que una empresa multinacional pretenda humillar a trabajadores españoles». También entonces hizo un llamamiento para que no se consumiera la popular bebida azucarada. En 2015, aseguró que Coca-cola había contactado con él para que no promoviera ninguna campaña en las redes sociales que pudiera afectar a la marca.
El posicionamiento público de Iglesias es uno de los focos de turbulencias políticas que experimenta Coca-cola. El pasado mes de noviembre, cuando la presidenta de Coca-Cola European Partners, Sol Daurella, fue elegida miembro del Consejo de la Diplomacia de Cataluña (Diplocat) para «proyectar Cataluña en el mundo» ejerciendo tareas consultivas, surgió una campaña en Twitter contra esta multinacional, con la etiqueta #CocaColaRompeEspaña. En este caso, se reprochaba a Daurella y a Coca-cola una supuesta alineación con el independentismo. Otra sacudida destacada es la proliferación de impuestos a las bebidas azucaradas: primero el que planteó la Generalitat y después el que anunció el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
