El ex-consejero delegado de la Banca Privada de Andorra (BPA), Joan Pau Miquel, ha salido del Centro Penitenciario de la Comella en libertad provisional, después de haber estado 22 meses arrestado en régimen de prisión preventiva por el ‘caso BPA‘, por un presunto delito de blanqueo de dinero. El Tribunal Constitucional (TC) andorrano ha anulado la prórroga que le mantenía recluido al alegar «un abuso de la prisión preventiva sin motivo constitucional suficiente y proporcional a su excepcionalidad«.
Siguiendo las instrucciones del Constitucional, el Tribunal de Cortes ha decretado el cese de la prisión provisional y ha dictado el arresto domiciliario con control monitorizado, tal y como lo había solicitado el ex-consejero. El TC ha reconocido que se estaba cometiendo un prejuicio y que se le ha vulnerado el derecho a la libertad al haberle alargado tanto tiempo el encarcelamiento preventivo.
Joan Pau Miquel ha estado 672 días en la prisión, y la pena que se le puede imponer por el delito por el cual se le acusa podría ser de tres a ocho años. Por este motivo, el tribunal ha argumentado que la prisión provisional no puede ir más allá de la mitad de la prisión firme que le puede llegar a ser impuesta. Además de la pena de prisión, el ministerio fiscal también pide para al ex-consejero de la BPA más de setenta millones de euros de multa y diez años de inhabilitación. El TC también ha considerado que la alarma social y la posibilidad de condicionar la investigación con la influencia, ya no son motivos a tener en cuenta.
