Entre otros cargos ligados a su influencia en la cúpula del PDECat (ex-CDC), los italianos de Endesa nombraron, en 2011, a David Madí presidente del consejo asesor de la eléctrica en Cataluña. Su misión es clara: velar por los intereses de Endesa ante el gobierno de la Generalitat, donde fue durante años la mano derecha y el principal prescriptor político de Artur Mas.
Pero desde la llegada de Carles Puigdemont al palacio de la plaza de Sant Jaume y de la designación de Oriol Junqueras como vicepresidente del área económica, David Madí ha dejado de tener mano en las decisiones gubernamentales. Así se infiere de la introducción en los Presupuestos de la Generalitat para el año 2017, actualmente en tramitación parlamentaria, de un nuevo impuesto que graba la producción, la manipulación, el transporte, la custodia y la emisión de elementos radiactivos de las tres centrales nucleares operativas en Cataluña, de las cuales Endesa es la principal accionista.
En total, este nuevo impuesto prevé recaudar este año 28,3 millones de euros. Como es obvio, a Endesa no le hace ninguna gracia que el gobierno de la Generalitat penalice fiscalmente sus actividades. En todo caso, contempla trasladar su impacto con un recargo sobre el recibo de la factura eléctrica que pagamos los catalanes.
Curiosamente, quien también ha criticado este nuevo impuesto es el Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA), del cual forma parte la entidad Ecologistas en Acción. Según el MIA, este gravamen reconoce de manera implícita la peligrosidad de las centrales nucleares y, por ello, es una irresponsabilidad poner un impuesto sobre una actividad que constituye una amenaza mortal para la población catalana. Además, los ecologistas creen que con este impuesto la Generalitat está abriendo la vía para la renovación de las licencias de las centrales nucleares de Ascó y Vandellòs, que caducan en 2020 y 2021.
