La empresa Serhs, del ex alcalde de Calella y ex director general de Turismo de la Generalitat, Ramon Bagó, ha sido escogida para gestionar el servicio de restaurante, bar y vending del Parlamento de Cataluña. Ramon Bagó es un miembro muy destacado del sector negocios del régimen pujolista y él mismo tuvo que comparecer, hace tres años, para declarar en la comisión parlamentaria de investigación sobre la corrupción del sistema sanitario.
En los últimos cinco años, las empresas de Ramon Bagó han recibido 29 adjudicaciones de las administraciones públicas catalanas. Entre las más importantes figuran, por ejemplo, el servicio de catering de la prisión de Brians-1 y otros centros penitenciarios catalanes, concedida el año pasado por 26,5 millones de euros. ¡Y esto que los contratos de Serhs con la Generalitat fueron investigados por la Oficina Antifraude de Cataluña, que encontró indicios de delito y tráfico de influencias!
A pesar de todas las buenas intenciones y las buenas palabras de ERC y la CUP, los puntales parlamentarios del presidente Carles Puigdemont, de regenerar la vida pública catalana -yo me los creo- los tentáculos del pujolismo continúan muy vivos y se infiltran por todas las grietas. Que la empresa Serhs se encargue, a partir de ahora, de servir las comidas y los cafés de los representantes del pueblo de Cataluña es el paradigma de esta corrupción sistémica que ha carcomido y ha destruido el país desde hace 35 años y que ahora ha conseguido entrar hasta la cocina de nuestra máxima institución de autogobierno.
Lo mismo podemos decir del nombramiento del ex-consejero Felip Puig como presidente de la empresa Tram, concesionaria de los servicios de tranvía que conectan el Baix Llobregat (Trambaix) y el Barcelonès Norte (Trambesòs) con la capital catalana. Esta empresa está controlada accionarialmente por Globalvia, Moventia y Alstom, pero también cuenta con participación pública (TMB y Ferrocarriles de la Generalitat). Además, recibe cada año 45 millones de euros de la Autoridad Metropolitana del Transporte (ATM), consorcio público formado por la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, entre otras instituciones.
Felip Puig, íntimo amigo de Jordi Pujol Ferrusola, ha estado durante años en el núcleo duro de la corrupción convergente desde los distintos cargos que ha ocupado (presidente de Adigsa, consejero de Medio Ambiente, consejero de Política Territorial…). Su designación como presidente del Tram no es sólo un caso repugnante de puertas giratorias: es una provocación y la constatación que el régimen pujolista continúa moviendo la cola bajo el paraguas de Junts pel Sí.
En el entorno de la familia Pujol reina un contenido «optimismo» porque el escándalo judicial que afecta a todo el clan puede acabar quedando en nada. Desde que el ex presidente de la Generalitat hizo la confesión pública sobre el dinero de Andorra –el 25 de julio del 2014-, lo cierto es que ningún miembro de la familia Pujol ha pisado la prisión y la máxima medida cautelar adoptada hasta ahora ha sido la retirada del pasaporte al Júnior. Además, han encontrado un valioso aliado en el comisario jubilado José Manuel Villarejo, que, en apoyo a la defensa de los hermanos Cierco (BPA), ha aportado unos explosivos documentos a la justicia andorrana que demuestran la existencia de la llamada Operación Cataluña.
El cerebro de esta operación, Jorge Fernández Díaz, ha quedado excluido del nuevo gabinete de Mariano Rajoy y el director adjunto operativo (DAO) de la policía que la coordinó, Eugenio Pino, también ha cesado por jubilación. Los Pujol tienen ahora un hilo conductor que los conecta directamente con el corazón del poder central madrileño: el empresario Ignacio del Hierro, marido de la ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, y ex socio de Jordi Pujol Ferrusola en los negocios internacionales.
No perdamos nunca de vista que el proceso soberanista arranca en 2012, a partir del momento que la justicia imputó a Oriol Pujol, el príncipe de la dinastía destinado a ocupar la presidencia de la Generalitat, por el caso de las ITV. El Estado respondió al desafío independentista con la Operación Cataluña, que reventó las cuentas de la familia Pujol en Andorra y destapó su extensión a una escandalosa trama de paraísos fiscales (Panamá, Belice, Guernsey, Jersey, Man, Liechtenstein, Suiza, Bahamas, Vírgenes Británicas, etc.).
En esta durísima batalla subterránea librada entre los poderes del Estado y la dinastía catalana también hay que enmarcar la abdicación del rey Juan Carlos I, el 2 de junio de 2014, uno de los «nidos» que podían caer de «la rama» a la cual hizo alusión el ex presidente Jordi Pujol durante su comparecencia en el Parlamento. Según apuntan las investigaciones periodísticas, ¡compartían el mismo fiduciario en Suiza, el intocable Arturo Fasana! En la medida que el procedimiento judicial contra Pujol se vaya deshinchando, también constataremos que pasa lo mismo con el proceso independentista y, en concreto, con el «referéndum o referéndum» anunciado por el presidente Carles Puigdemont, que no deja de ser el «buen chico obediente» de la familia.
En los últimos días hay indicios que ya han encontrado la cerilla que tiene que encender la pipa de la paz entre Madrid y Barcelona: impunidad para los Pujol a cambio de rebajar el soufflé independentista. Es en este sentido que hay que interpretar la posible renuncia al referéndum, anticipada por la alcaldesa de Sant Cugat y presidenta de la Diputación de Barcelona, Mercè Conesa, un peso pesado en la actual estructura de poder del PDECat.
Ahora que parece que vuelve el viejo orden (lo siento por ERC y la CUP, tontos útiles de esta tragicomedia), ya hay vía libre para que Serhs entre por la puerta grande en el Parlamento o para que Felip Puig sea nombrado presidente del Tram. Después de la revolución de las sonrisas, la contrarevolución del business.