El Grupo de Defensa del Ter, Lluçanès Viu y la Asociación de Naturalistas de Girona, junto con otras entidades ecologistas, han apoyado el informe que presentó la semana pasada el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo), donde se recomendaba disminuir el impacto de la ganadería porcina en la contaminación de las aguas freáticas y las fuentes del territorio catalán. El informe constataba que un 41% de la masa subterránea de agua de Cataluña está contaminada por nitratos, provenientes de las deyecciones ganaderas y la mala gestión de los purines.
Las entidades coinciden con el informe del Síndic, a pesar de que consideran que es necesario actuar de manera inmediata para reducir el número de cerdos, sin esperar que el Parlament establezca una moratoria en la construcción de nuevas granjas. En la actualidad, la cabaña porcina es de 7,7 millones, más que el número de habitantes de Cataluña. Los ecologistas consideran que es una «obviedad» que las empresas ganaderas tengan que pagar un impuesto, en aplicación del principio europeo de «quien contamina paga«. Las entidades reclaman que la mesa sectorial que ha organizado el Síndic para tratar este problema no sólo cuente con la participación de los departamentos de Territorio, de Agricultura y de Economía, sino también con la Agencia Catalana del agua, la Agencia Catalana de Residuos y los ecologistas.
Por otro lado, los ecologistas también denuncian el «trato de favor» que tiene la administración hacia «la gran industria alimentaria«, motivo por el cual todavía no se ha hecho pagar a las empresas ningún impuesto para combatir la contaminación que provocan. La falta de control sobre las malas prácticas de las granjas ha generado un exceso de purines que ha degradado el medio ambiente, así como la red de abastecimiento de agua potable. El informe que presentó el Síndic indicaba que hay 139 municipios de Cataluña que tienen el subsuelo peligrosamente contaminado por los nitratos de los purines.
