El registro dirigido por la Guardia Civil el 28 de agosto del año pasado en el ayuntamiento de Sant Cugat, siguiendo la pista del 3% que pagaba Teyco a la Fundación Trias Fargas (posteriormente, CatDem), puso en estado de máxima alerta a las fuerzas de la oposición municipal en el consistorio que preside Mercè Conesa, que exigieron la creación de una comisión de investigación.
En las últimas décadas, coincidiendo con los periodos en los que CiU disfrutaba de una cómoda mayoría absoluta en Sant Cugat, las empresas de los Sumarroca han hecho, por encargo del ayuntamiento, un montón de obras en este municipio: Can Aymat (2000), el polideportivo de la Floresta (2000), el pabellón y las salas deportivas de la rambla de la Bodega (2003), la guardería Cavall Fort (2003), el CEIP Sant Cugat XI (2008-2009), los pisos de Volpelleres…
Desde las pasadas elecciones municipales, CiU gobierna en minoría y esto hace posible que los grupos de la oposición puedan, ahora sí, ejercer un control democrático más preciso de la acción de gobierno. La comisión de investigación, presidida por la concejal Roser Casamitjana (ICV), limitó su tarea fiscalizadora a las dos últimas obras que ha realizado Teyco en Sant Cugat: la finalización de los pisos de la calle Rabassaires en el barrio de Volpelleres, obra adjudicada por Promusa en 2009; y los trabajos de construcción de la pista de atletismo de la Guinardera, adjudicados en 2010 por el ayuntamiento a la UTE formada por Teyco y Mondo Ibérica por 1,8 millones de euros.
En sus conclusiones, presentadas la semana pasada y enviadas al juzgado del Vendrell que instruye el caso Petrum, la comisión de investigación detectó numerosas irregularidades en la tramitación de los expedientes y en la ejecución de estos dos proyectos. Por ejemplo, la indemnización de 300.000 euros que Promusa pagó a Bruesa Construcciones después de que dejara colgadas las obras de la calle Rabassaires; o la adjudicación de su continuación a Teyco, cuando la oferta que presentó fue calificada por los técnicos de «baja temeraria»; o los sobrecostes de 455.000 euros que, una vez terminada la obra, acabó pagando Promusa a Teyco.
Además, la comparecencia del gerente de Promusa, Lluís Hosta, ante la comisión de investigación fue muy desagradable, por la actitud prepotente y hostil que mostró ante los concejales este alto cargo municipal. Por todo ello, la oposición ha pedido su reprobación, que será tratada en el próximo consejo de administración de la empresa Promusa. En cuanto a la pista de atletismo de la Guinardera, la comisión de investigación encontró injustificado el pago adicional a Teyco de 126.302 euros por unos supuestos blandones que se detectaron.
