Las estructuras empresariales de la ciudad de Terrassa viven una situación de tensión sin precedentes en los últimos años. Esta mañana a las 8 horas (!), el consistorio ha celebrado un pleno extraordinario donde, a propuesta del alcalde, Jordi Ballart (PSC), se ha procedido al inicio del expediente de liquidación del contrato de gestión del servicio de suministro de agua a la empresa La Mina (Mina Pública de Aguas de Terrassa SA), vigente desde el año 1941.
Esta empresa, fundada en 1842, está fuertemente arraigada a la historia de la ciudad y está presidida por Marià Galí, que también es presidente de la Cámara de Comercio de Terrassa y miembro de una de las familias egarenses de toda la vida. En su consejo de administración participa también Antoni Abad, presidente de la patronal Cecot, el combativo brazo empresarial de Convergència-PDCAT. Los principales accionistas de La Mina son Agbar y el BBVA (que ha heredado la antigua participación de la Caixa de Terrassa), además de unos 400 vecinos.
Ante el vencimiento de la concesión de 75 años otorgada en 1941, el alcalde Jordi Ballart –con el asesoramiento del técnico jubilado Joan Gaya, contratado por el Ayuntamiento de Terrassa- ha apostado por la municipalización de la gestión del agua. A su vez, los directivos de La Mina han propuesto al Ayuntamiento la constitución de una empresa mixta, oferta que ha sido rechazada por el alcalde, que ha denunciado públicamente que ha recibido presiones y amenazas.
De hecho, el Ayuntamiento ya era accionista de La Mina con el 4,5% de participación. Pero el alcalde Jordi Ballart decidió venderla en 2014 por 1,5 millones de euros. Ahora, el consistorio valora las instalaciones y los activos de la empresa en sólo 1,8 millones, cantidad que los gestores de La Mina consideran totalmente irrisoria y la sitúan alrededor de los 60 millones de euros en el supuesto de que tire adelante la municipalización.
En esta guerra del agua desatada en Terrassa, que está provocando una gran polémica a la ciudad, sorprenden varias contradicciones. En primer lugar, la actitud del alcalde Jordi Ballart, que choca frontalmente con la de la ex-alcalde Manuel Royes –todo un referente del socialismo local- que se ha pronunciado de manera contundente a favor de la renovación de la concesión del servicio a La Mina. Y es que esta empresa centenaria puede desaparecer si se queda sin este contrato, puesto que las otras concesiones que tiene en la comarca (Viladecavalls, Ullastrell, Matadepera y Rellinars) son muy pequeñas y la hacen inviable.
En este conflicto también es muy paradójica la posición de CiU, que gobierna con el PSC en el Ayuntamiento. La concejal Meritxell Lluís, la mujer del consejero de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, garantiza el apoyo de su grupo a la municipalización del servicio de agua, en contra del factótum empresarial soberanista, Antoni Abad (Cecot), miembro del consejo de administración de La Mina. Josep Rull, a su vez, está estrechamente vinculado a la alcaldesa de Sant Cugat y presidenta de la Diputación de Barcelona, Mercè Conesa, que es egarense de origen. Para acabar de liarla, Antoni Abad acaba de dar a Alfons Conesa, su padre, un cargo en la Cecot.
El clan de Sant Cugat (Lluís Recoder, Pau Villoria, Joan Pinyol…), del cual Mercè Conesa es ahora el máximo exponente, tuvo un papel determinante en la polémica privatización, en 2012, de la empresa pública Aguas Ter Llobregat (ATLL) a la empresa Acciona, actualmente pendiente de sentencia en el Tribunal Supremo. El agua que distribuye La Mina en Terrassa la compra, precisamente, a la ATLL y el comisionado del agua, Joan Gaya, nombrado por el alcalde Jordi Ballart, ha sido asesor remunerado de Acciona.
