La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, tendrá que comparecer como investigada, después de que la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Maria Eugènia Alegret, la haya citado a declarar el 16 de diciembre por haber cometido supuestos delitos de desobediencia y prevaricación. A finales de octubre, el TSJC admitió a trámite la querella de la Fiscalía y ahora, tendrá que determinar si Forcadell desobedeció el Tribunal Constitucional para permitir que el Parlament votara la hoja de ruta independentista el pasado mes de julio.
La magistrada del TSJC ha citado en calidad de testigos el secretario general de la mesa del Parlament y el letrado mayor de la cámara catalana. También ha citado para el 19 de diciembre, tres días después de interrogar a Forcadell, el vicepresidente segundo de la mesa, José María Espejo Saavedra (C’s); el secretario segundo de la mesa, David Pérez Ibáñez (PSC), y el secretario tercero, Joan Josep Nuet (CSQP).
La primera reacción del gobierno catalán se ha hecho en boca de la portavoz del ejecutivo, Neus Munté, que ha calificado de «muy grave la ofensiva judicial» contra la Generalitat. «Que no nos sorprenda la citación de Forcadell», dice Munté, «no quiere decir que no dejamos de considerar que son unos hechos gravísimos en democracia, un caso sin precedentes teniendo en cuenta que es la presidenta de un Parlamento escogida democráticamente, que no ha hecho nada más que promover el debate parlamentario y hacer funcionar la cámara soberana cómo es el Parlamento de Cataluña con la máxima normalidad».
