La gestión de la recogida de basura por parte de FCC ha dejado un rastro sospechoso en los ayuntamientos de, al menos, dos de las tres ciudades más pobladas de Cataluña. En el caso de Badalona, el consistorio acusa a la empresa de haberle cobrado 12,8 millones de euros de más por sus servicios entre mayo de 2010 y diciembre de 2015.
Esta acusación, sostenida por una auditoría encargada por el Gobierno que encabeza la alcaldesa Dolors Sabater, se suma a la investigación por un posible fraude en el Ayuntamiento de Barcelona correspondiente a 2014 y cifrado en 800.000 euros.
«La situación de Barcelona ha hecho saltar las alarmas y por eso hemos decidido hacer público ahora el resultado», ha explicado Sabater, que atribuye al mandato de su predecesor, Xavier García Albiol, una relajación de los controles sobre FCC. Badalona, como hizo Barcelona, ha anunciado que llevará el caso a la Fiscalía con toda la documentación relacionada.
El abanico de irregularidades destapadas por esta auditoría incluye, entre otras, facturaciones no basadas en los pliegues de condiciones ni en la normativa sobre contratación pública, pagos sin prestación efectiva de servicios y múltiples cobros por un mismo concepto.
En el caso de Barcelona, el Ayuntamiento ha denunciado que la compañía, encargada de las tareas de limpieza y de gestión de los residuos de Ciutat Vella, el Eixample y Gràcia, hinchó sus ingresos con servicios no efectuados y mezclando residuos. Responsables de la compañía aseguraron a El País que abrirían una investigación interna.
FCC tiene como máximo accionista al millonario mexicano Carlos Slim y aparece en un buen puñado de escándalos e investigaciones de los últimos años. En el caso del 3% está en el punto de mira como donante de la convergente Fundación CatDem, mientras que en el caso Pujol se la señala porque varias filiales, supuestamente, pagaron miles de euros a una sociedad instrumental de Jordi Pujol Ferrusola, y también por sus vínculos con la operación del vertedero de Tivissa, que enriqueció al primogénito del ex presidente de la Generalitat.
Asimismo, se investiga a la compañía por el escándalo de Acuamed, relacionado con la descontaminación de Flix, con la que la instrucción de la Audiencia Nacional calculó que se habían desviado 40 millones hacia la compañía. Por otro lado, sus oficinas de Barcelona fueron registradas en el marco de la investigación del caso Innova. En cuanto a su actividad en el sector de la recogida y el tratamiento de la basura, en concreto, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) la sancionó, junto con otros gigantes del sector, con una histórica multa por haberse organizado para operar como un cártel en el reparto de los contratos públicos al menos entre 1999 y 2013. Se le impuso una multa de 16,88 millones de euros.
