La localidad marinera de Tossa de Mar es el paradigma de la situación que vivimos/sufrimos en Cataluña. Un avispado promotor inmobiliario, propietario de sólo tres hectáreas de terreno en los acantilados que dan sobre el mar y que están protegidos por la Red Natura 2000, ha convencido a la alcaldesa, Gisela Saladich, para que le recalifique esta parcela para construir cuatro chalés de lujo y un gran hotel. De este modo, unos terrenos que compró en 2004 por cuatro chavos pasarán a valer un dineral.
Para hacer colar esta maniobra descaradamente especulativa, este promotor, Isidre Ventura, ha prometido que hará un puerto con 453 amarres, que conectará con el pueblo a través de un túnel. Para hacer todas estas obras, el especulador ha anunciado que se necesitará contratar a 1.500 personas y que, una vez acabadas, darán trabajo estable a unos 500 vecinos. La alcaldesa es consciente que esta operación es, desde un punto de vista jurídico y político, altamente arriesgada y, para curarse en salud, acordó con el promotor que la sometería, previamente, a una consulta vinculante a la población.
Muchos vecinos de Tossa de Mar y entidades ecologistas de las comarcas gerundenses se han movilizado en las últimas semanas contra este disparate urbanístico, que tenía marcado un día D en el calendario: este 20 de noviembre, fecha fijada para la celebración de la consulta. En concreto, la pregunta quería que los vecinos autorizaran con su voto la modificación del Plan General Urbanístico del municipio para recalificar los terrenos de Isidre Ventura e iniciar las gestiones para la construcción del puerto (que es competencia de la Generalitat y del Estado). Según el decreto de convocatoria de la consulta, su resultado se consideraría válido si la participación superaba el 15% del censo electoral (!!!).
El paro es el gran problema de la sociedad catalana y también de Tossa de Mar. La prometida creación de 1.500 puestos de trabajo es, en este sentido, muy golosa y la alcaldesa Gisela Saladich, cómplice del promotor, estaba convencida que con este argumento descaradamente populista podría ganar la consulta, contando con la participación de la gente que necesita trabajo. Es decir, con el cebo de la creación de puestos de trabajo y de un puerto que no es competencia municipal, se pretendía dar cobertura para hacer una escandalosa recalificación urbanística de unos terrenos rústicos.
Finalmente, esta consulta-trampa ha sido anulada. Con muy buen criterio, el Juzgado contencioso-administrativo n. 2 de Girona ha decidido suspenderla, con el argumento que era necesaria la autorización previa del gobierno central. Por su parte, la alcaldesa Gisela Saladich se ha hecho la ofendida y ha apelado a la autonomía municipal y a la Ley de consultas aprobada por el Parlamento catalán –que sirvió para organizar el 9-N- para defender la legalidad de la convocatoria.
Desde que en 2012, Oriol Pujol –el heredero de la dinastía Pujol a la presidencia de la Generalitat- fue imputado por el caso de las ITV, en Cataluña se ha instalado el «mantra» de la independencia y del referéndum para lograrla. La relación causa-efecto entre estos dos episodios es de manual. Fue entonces cuando Artur Mas rompió la «luna de miel» que mantenía con el PP en el Parlamento catalán y se envolvió, de manera oportunista, con la bandera estelada. El enfrentamiento se ha exacerbado a límites políticamente insoportables desde que se destapó el escándalo del dinero del clan Pujol en Andorra y en paraísos fiscales de todo el mundo, motivo por el cual el ex-presidente de la Generalitat y toda su familia han sido imputados por la Audiencia Nacional.
En el contexto de la Unión Europea, la independencia de Cataluña es totalmente inviable. Bruselas nunca aceptará que una «región» –como es el caso de Cataluña- pueda escindirse del Estado del cual forma parte porque así lo decide su Parlamento «regional». Este precedente jurídico, en caso de prosperar, haría implosionar toda la arquitectura comunitaria.
De hecho, el independentismo catalán es un proyecto socialmente minoritario, heredado de las viejas guerras carlistas y que se reavivó con la independencia de Irlanda (1922), la descomposición de la Unión Soviética (1989) y la guerra de los Balcanes (1991-2001). El debate independentista no está instalado mayoritariamente en la vida pública de Cataluña, como se puede constatar fácilmente saliendo a las calles y a las plazas de las ciudades y los barrios, donde la presencia de esteladas en los balcones es anecdótica.
Otra cosa es el «círculo vicioso« que se ha creado desde la Generalitat y las instituciones controladas por el bloque soberanista, que se dedican a subvencionar descaradamente a todos los medios de comunicación catalanes para que hablen, con pesada insistencia, del «proceso«. En la Unión Europea no hay un caso parecido de manipulación mediática inducida desde el poder político. Aquí se quiere confundir «opinión pública» con «opinión publicada«. La sociedad catalana no tiene la independencia entre sus preocupaciones cotidianas, como reflejan todas las encuestas. Pero la «burbuja» política-mediática que se ha creado interesadamente se hincha para dar la apariencia, ante Madrid y Bruselas, que el «monotema» es absolutamente prioritario y mayoritario.
Como que todos los medios hablan del «conflicto independentista catalán», entonces se considera que es importante. Pero todo ello es un «teatro» destinado a impresionar a terceros desinformados…. y mientras tanto los actores van cobrando (el ‘cachet’ mínimo está por encima de los 3.000 euros mensuales). El hito de este largo «proceso», que ya hace cuatro años que dura, es el «referéndum o referéndum» del presidente Carles Puigdemont.
Como en el caso de Tossa de Mar, se trata de un «referéndum-trampa«. Si en la localidad de la Costa Brava, la consulta tenía que servir para legalizar una escandalosa operación de recalificación urbanística, en el caso del referéndum independentista se trata de «blanquear» los líos del clan Pujol para que vuelvan a campar como los «amos de la finca». Si en el caso de Tossa de Mar se quería convencer a la buena gente con la creación de 1.500 puestos de trabajo, en el caso de la Cataluña independiente también se nos dice que ataremos los perros con longanizas.
La alcaldesa Gisela Saladich ha hecho números: con el 15% de participación la consulta sería válida y la maniobra especulativa habría prosperado. ¿Qué números ha hecho Carles Puigdemont para su «referéndum o referéndum»?
