La directiva del FC Barcelona presidida por Josep Maria Bartomeu tenía que superar este sábado día 29 una especie de voto de confianza de los socios en la asamblea ordinaria. En realidad la asamblea azulgrana no posee facultades estatutarias para cesar la directiva ni tampoco para confirmarla o ratificarla cómo ha propuesto la misma junta en su punto séptimo de la orden del día. Si la votación resultara contraria a la junta, esta seguiría en su lugar salvo que voluntariamente sus miembros dimitieran en bloque, o bien una parte de la junta (75%) sin el presidente o el mismo presidente y el 50% de los directivos.
El verdadero motivo de examinarse ahora ante los socios es solo la consecuencia directa de la resolución del caso Neymar, originado en 2013 por la denuncia de un socio del club a la Audiencia Nacional de Madrid y concluido el junio pasado con un pacto de asunción de culpabilidad de un delito fiscal y un mordisco para Hacienda de 5,5 millones de euros. Cómo que este acuerdo exoneraba penalmente el ex presidente Sandro Rosell y el presidente Josep Maria Bartomeu, la junta acompañó aquel anuncio con la promesa de someter su continuidad en la asamblea ordinaria de otoño.
Una manera de acallar las críticas de la oposición laportista, que acusa a Bartomeu de poner el club delante -el Barça es el único condenado- para escabullirse él y Sandro Rosell de las exageradas penas solicitadas, tanto económicas cómo de prisión, y las planteadas al mismo FC Barcelona, de 22,2 millones de euros. En ningún caso se preguntará a los socios si ratifican o no el acuerdo con la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que es firme e intocable por decisión de la junta, a diferencia de las otras dos propuestas de ratificación de los contratos con Qatar Airways y Nike, que se tendrían que rescindir si los socios los desaprobaran.
RUIDO DE FONDO
Es muy difícil, para no decir imposible, que los socios contradigan una decisión dictada sobre todo por el sentido común, que da por cerrado el caso Neymar con 5,5 millones de sobrecoste sobre un fichaje que finalmente, según el juez, tiene que constar en los libros por 19 millones de euros. Esta resolución tacha y sobrepasa, según los expertos, lo cómico y lo grotesco, pone en ridículo la propia justicia y sitúa la operación fuera del mercado, en el terreno de la fantasía. Resulta evidente que el precio del fichaje de Neymar, de 19 millones contra una cláusula de rescisión de 195 millones, es del todo irregular.
Altera de hecho el precio real del jugador, cosa que sería objeto de un pleito laboral muy favorable para él si este hubiera decidido romper su contrato con el Barça y acogerse a la cláusula, previa denuncia de esta por abusiva. A ningún activo inmovilizado de 19 millones se le puede aplicar una cláusula de 195 millones, una cuestión sobre la cual hay bastantes sentencias y jurisprudencia para haber comprometido el futuro de Neymar en el Barça este verano si antes de esto no hubiera subscrito una ampliación de contrato de 45 millones de ficha en bruto a partir de esta temporada.
El otro disparate del acuerdo propuesto por la Fiscalía, que rebaja el total de la multa exigida de 66 millones en total a estos 5,5 millones -más la retirada de las penas de prisión y de culpabilidad de Rosell y de Bartomeu- es la atribución de un delito fiscal al Barça por no haber tratado fiscalmente como salario una retribución de 40 millones de euros pagados a Neymar durante las temporadas 2010-11 y 2012-13. Pasa, pero, qué Neymar no jugaba en el Barça en estos ejercicios. O dicho de otro modo, es imposible que un futbolista cobre un salario de un club sin estar en su plantilla, o sea sin estar en posesión de sus derechos federativos, y jugando además en otro equipo. Para la justicia española, en cambio, el imposible ya es una realidad jurídica firme.
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