Hace dos años que el grupo promotor de la iniciativa legislativa popular para una Renta Garantizada de Ciudadanía entregó al Parlamento más de 120.000 firmas de apoyo a esta propuesta. A pesar de este apoyo tan grande y el de las numerosas entidades cívicas, políticas y sindicales que están detrás de la iniciativa, la Renta de Ciudadanía aún no es una realidad tangible.
Cuando ya parecía que estaba a punto de pasar al debate del pleno del Parlamento, la disolución anticipada del mismo truncó su tramitación. Con un Parlamento nuevo y después de casi un año de reanudación del debate, ha llegado la hora de la verdad.
Todos los grupos políticos están de acuerdo en que el Gobierno catalán garantice que todos los catalanes tienen cada mes en su cuenta corriente un ingreso mínimo de 664 euros. Si no ganan nada, el Gobierno les ingresaría estos 664 euros. Y, si ganan menos de esa cantidad, el Gobierno les ingresaría la cantidad que falte para alcanzarla.
Sólo Junts pel Sí ha quedado fuera de este acuerdo. Pasan los días y no acaba de dar por bueno el acuerdo de la mayoría. Y no pueden pasar muchos días más porque si no se aprueba la ley que regula esta Renta antes del 31 de diciembre, no se podrá aplicar hasta el 2018. ¿Esto es lo que pretende Juntos por el Sí con su actitud dilatoria? ERC siempre ha apoyado a la ILP. CiU siempre ha dicho, en cambio, que las arcas de la Generalitat no podían asumir un gasto que, según los promotores de la iniciativa, representa unos 2.000 millones de euros anuales.
La CUP no ve contradicción entre sumarse a esta propuesta y el pacto con Juntos pel Sí en los nuevos presupuestos de la Generalitat.
Estamos, pues, al cabo de la calle.
Este miércoles, los promotores de la ILP de la Renta Garantizada de Ciudadanía han convocado una rueda de prensa ante el Parlamento para exigir que se apruebe ya.
La pelota está sobre la mesa del Gobierno de la Generalidad. Ya no vale dejar pasar el tiempo.
En este caso sí, ciertamente, el mundo nos mira. Suspender este examen sería un gran fracaso como país y una desilusión enorme para cientos de miles de catalanes y catalanas.
