En Cataluña, 59.000 catalanes están reconocidos como grado 1 por la ley de la dependencia, pero de estos solo un 3% han recibido, hasta ahora, algún tipo de prestación económica. Más de 22.000 personas han muerto en los últimos cinco años, ya en un grado 3 de grandes dependientes, sin recibir ningún tipo de ayuda. La ley califica en solo tres los grados de dependencia.
Los números tendrían que poner colorado a más de un político. Pasan los años, pasan los gobiernos… pero la ley continúa estancada. Los expedientes se acumulan sobre las mesas y cuando toca la revisión y la puesta en marcha del protocolo del programa individual de atención (PIA) el peticionario, en la mayoría de los casos, ya ha pasado de grado. Para poner un ejemplo, en Barcelona el número de PIA que se hacen por día es de solo cinco. Harían falta ocho años para poner al día los listados, y esto sin aceptar altas nuevas.
La ley nació con música de bombo y platillo, pero ha tenido una implantación lenta y engorrosa y muy poco efectiva. Prueba de esto son los 24.000 abuelos catalanes que esperan una plaza en un geriátrico y los 22.000 que murieron sin haber recibido ninguna prestación.
