La ex alcaldesa de Valencia y actual senadora del Grupo Mixto, Rita Barberá, tendrá que declarar ante el Tribunal Supremo (TS) en calidad de investigada, lo que antes era imputada, por un presunto delito de blanqueo de capitales en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, en el marco de la Operación Taula, derivada del caso Imelsa.
Así lo ha decidido el juez instructor del Tribunal Supremo y ex fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que ha citado a Barberá para el próximo 21 de noviembre, a las 10.30 horas. El Supremo considera que los hechos descritos por el juez de Instrucción número 18 de Valencia, Víctor Gómez, son suficientes para proceder a la apertura de investigación para determinar si son delictivos.
El magistrado investiga si Barberá ingresó 1.000 euros en una cuenta bancaria, con la excusa de financiar la campaña electoral del PP, y si este dinero volvió a sus manos posteriormente, porque eran de procedencia ilícita, de sobornos o de comisiones ilegales por obra pública.
Conde-Pumpido también ha impuesto una fianza de 3.000 euros al PSOE, que ha pedido ser acusación popular en la causa contra la ex alcaldesa de Valencia. En este sentido, el magistrado ha alertado sobre el «serio riesgo de judicialización de la política» que supone que un partido político ejerza de acusación en una causa contra una persona que ha militado en un partido contrario.
