La acusación popular del caso del 9N ha solicitado penas de seis años de cárcel para el ex presidente catalán Artur Mas, la ex vicepresidenta Joana Ortega y la ex consejera Irene Rigau, a diferencia de la Fiscalía, que había descartado pedir prisión para ellos y había planteado, en cambio, la inhabilitación como máximo castigo.
El escrito de acusación presentado este lunes solicita que los tres altos cargos del anterior Gobierno catalán sean juzgados por desobediencia grave, prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos. Este último delito, el que comporta penas de prisión en caso de condena, no figuraba en el escrito de la Fiscalía.
El Sindicato Profesional de Policía y la Unión Federal de Policía, que están al frente de la acusación popular, sostienen la comisión de un delito de malversación por parte de Mas, Ortega y Rigau indicando que se emplearon «cuantiosos fondos públicos que facilitaron la indispensable infraestructura informática y logística» de la consulta. Cifran, de hecho, en 4,7 millones de euros el gasto en el 9N, un importe en el que incluyen el gasto por campañas en medios, la creación y distribución de los documentos de participación y los pagos a Soluciones Tics y subcontratistas.