El templo de la Sagrada Familia no es sólo uno de los reclamos turísticos más importantes de Barcelona, con más de 3,75 millones de visitantes durante este último año. Es también una inmensa –y parece que inagotable- máquina de hacer dinero que lo convierte en intocable a pesar del impacto negativo que su éxito desbocado provoca sobre el barrio que lo ha visto crecer y, de rebote, sobre toda la ciudad.
La obra más internacional de Gaudí, con unos ingresos de 25 millones de euros anuales, inicia su última etapa con la idea de acabar el proyecto en 2026. Aun así, más allá del eco mediático que provocan las cifras, ningún gobierno municipal se ha atrevido a abordar seriamente el polémico plan de urbanización del entorno del templo que amenaza con dejar sin casa a miles de vecinos de las calles de la banda sur.
LAS SEIS TORRES
Esta semana empezará la construcción de la torre de la Virgen María, la primera de las seis totales, de 140 metros de altura. Tanto esta torre como las cuatro de los evangelistas y la de Jesús -de 172,5 metros de altura- serán de piedra, y para construirlas el equipo técnico del templo que dirige el arquitecto jefe, Jordi Faulí, recurrirá a una técnica que no se ha utilizado nunca antes a una escala tan grande. Se conoce como piedra posttesada y consiste en el ensamblaje de grandes bloques de piedra tensados interiormente por unas barras de acero que resistirán tanto las fuertes rachas de viento como los movimientos sísmicos.
Si todo sale como está previsto, las seis torres tendrían que estar acabadas en 2020. Sin embargo, más allá de los retos innovadores de construcción, prácticamente nadie -y todavía menos la Junta del templo- ha pensado en las molestias que la operación de traslado de los inmensos bloques de piedra en camiones desde las afueras de la ciudad hasta el recinto generará en los vecinos y en el tránsito de la zona. Y es que, de hecho, cuando se habla de la Sagrada Familia se pasa de puntillas sobre el impacto que provoca en su entorno y sobre el gasto público que tiene que hacer constantemente el consistorio para intentar poner remedio con parches. «Los barceloneses hemos pagado el ensanchamiento de las aceras y pagamos los agentes cívicos», recuerda el responsable de urbanismo, movilidad y medio ambiente de la Asociación de Vecinos de Sagrada Familia, Joan Itxaso.
Si de estos aspectos se habla poco, todavía se habla menos del plan de urbanización de los alrededores que prevé el Plano General Metropolitano (PGM) de 1976 y que plantea la conexión de la fachada principal de la Gloria de la calle Mallorca con la avenida Diagonal a través de un paseo de 60 metros de anchura. El proyecto faraónico afecta las dos islas de casas del Ensanche situadas entre las calles Mallorca, Aragón, Cerdeña y Marina, y supondría la expropiación millonaria de unas 1.200 viviendas y locales y el realojo forzoso de centenares de familias. Las peticiones reiteradas de la entidad vecinal de modificar el PGM y eliminar las afectaciones sobre las casas han caído, de momento, en saco roto.
Consciente de la mala imagen que una operación urbanística de tales dimensiones y de efectos tan devastadores para el barrio podría provocar, la Junta constructora del templo expiatorio ha evitado siempre pronunciarse abiertamente sobre la cuestión. Aun así, en el encuentro organizado hace unos días para explicar el sistema de construcción de las seis torres, le preguntaron al arquitecto jefe por las futuras expropiaciones. En este sentido, Jordi Faulí remarcó nuevamente que todavía hay tiempo de sobra para planificar la construcción del paseo que saldrá desde la futura fachada de la Gloria y que ahora les preocupa mucho, porque están concentrados en la compleja construcción de las torres.
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