Doble ofensiva contra Forcadell y Homs

El Supremo pide al Congreso poder juzgar al diputado del PDC y el TC solicita a la Fiscalía que estudie si procede penalmente contra la presidenta del Parlamento
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La presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y el líder del PDC en el Congreso de los Diputados, el ex consejero Francesc Homs, centran la actuación de los tribunales españoles contra supuestos actos de desobediencia en el marco del proceso soberanista catalán.

Respecto a Forcadell, el Constitucional ha recurrido por primera vez a la posibilidad -otorgada por el Gobierno de Mariano Rajoy- de iniciar la persecución penal de cargos públicos que no acatan una resolución suya. En concreto, ha acordado por unanimidad solicitar a la Fiscalía que estudie emprender acciones penales contra la presidenta del Parlamento catalán por haber permitido el debate y la votación de las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente, que inicia el proceso de ruptura con el Estado español. 

El pasado 1 de agosto, el TC había suspendido la resolución del Parlamento que iniciaba este proceso. Este jueves, ha expresado que los acontecimientos ponen de manifiesto la «pretensión» de la Cámara catalana de «incumplir resoluciones del Tribunal Constitucional».

Forcadell, en una comparecencia este mismo jueves, ha reiterado que «hice lo que correspondía y lo volvería a hacer sin ningún tipo de duda», y ha denunciado «la ausencia de división de poderes» en España. Cree que la decisión contra ella significa que quieren «convertir a la Mesa en un ente censor que acabe con la libertad parlamentaria» y en «un Tribunal Constitucional en miniatura».

Por otra parte, en cuanto a Homs, se ha anunciado desde el Tribunal Supremo que el instructor del caso del 9N ha pedido al Congreso de los Diputados el suplicatorio por su actuación, como consejero de la Presidencia, en la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014, suspendida por el TC. Pedir el suplicatorio, que tiene por objetivo proceder penalmente contra Homs por desobediencia y prevaricación, implica la suspensión de las actuaciones en el caso hasta que el Congreso responda.

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