Los fiscales del caso del 9N han solicitado en su escrito de acusación que el ex presidente Artur Mas sea inhabilitado por un periodo de 10 años y que la ex vicepresidenta Joana Ortega y la ex consejera Irene Rigau sean inhabilitadas 9 años.
Por otro lado, el Ministerio Público no pide penas de cárcel por ninguno de los tres antiguos miembros del Gobierno de la Generalitat. Mas está acusado de desobediencia grave al Tribunal Constitucional y de prevaricación, pero no de malversación, que comporta penas de privación de libertad. Tanto Ortega como Rigau están acusadas como «cooperadoras necesarias» en la supuesta comisión de estos delitos.