Mientras todos los focos mediáticos están puestos en el Parlamento, el gobierno de la Generalitat no para y, a través del DOGC, continúa repartiendo millones a chorros. La consejera de Enseñanza, Meritxell Ruiz –la benefactora de las escuelas del Opus Dei-, ha adjudicado 23,5 millones de euros por los servicios de atención a los alumnos con sordera y para los que tienen dificultades de aprendizaje en los centros docentes de Cataluña.
De los cuatro contratos adjudicados, dos se los ha llevado la Fundación Pía Pere Tarrés (9 millones de euros), uno la Fundació Catalana de l’Esplai (8,5 millones) y otro la empresa Basic Servicios Educativos, filial de la multinacional francesa Serunión (6,1 millones). Entre los profesionales de la educación ha chocado que unos servicios pedagógicos tan especializados, como los que afectan a los alumnos con sordera y a los que tienen dificultades de aprendizaje, se confíen a unas entidades dedicadas, fundamentalmente, al ocio (Fundación Pía Pere Tarrés y Fundació Catalana de l’Esplai) y al cátering para colectividades (Serunión). ¿Por qué le llaman externalización si quieren decir privatización?