Tres años de investigaciones de las autoridades comunitarias sobre la privilegiada situación fiscal de Apple en la República de Irlanda han concluido con la reclamación, por parte de la Comisión Europea, de 13.000 millones de euros a la multinacional norteamericana. Se trata de la sanción fiscal más grande que han impuesto las instituciones europeas a una corporación privada.
Las indagaciones se iniciaron tirando del hilo de las sospechas sobre la supuesta utilización por parte de Apple de su filial irlandesa para ahorrarse impuestos. Ahora, la Comisión ha ordenado que se devuelvan 13.000 millones más intereses a Irlanda correspondientes al periodo 2003-2014.
Margrethe Vestager, responsable comunitaria sobre Competencia, ha expuesto que Apple se había beneficiado de un régimen fiscal que constituía una ayuda de Estado incompatible con las normas europeas. Irlanda, según ha indicado, «permitió a la firma pagar sustancialmente menos impuestos que otras empresas durante muchos años», de forma que pagaba «un tipo efectivo del impuesto sobre sociedades sobre sus beneficios del 1% el 2003, pero incluso del 0,005 el 2014».