El Tribunal Constitucional (TC) ha estimado parcialmente un recurso del PSOE contra las tasas judiciales a personas jurídicas, aprobadas en 2012 por el Gobierno español con el impulso de Alberto Ruiz-Gallardón, entonces ministro de Justicia.
Son inconstitucionales y han quedado anuladas, en concreto, las tasas que encarecían el acceso a la jurisdicción y la interposición de recursos. El TC considera que vulneraban el derecho a la tutela judicial efectiva.
Los gravámenes tumbados oscilaban entre los 200 euros por un recurso contencioso-administrativo abreviado y los 1.200 por un recurso de casación y por uno de extraordinario por infracción procesal en la orden civil. Las cuantías eran desproporcionadas, según el parecer del TC.
Eso sí, la resolución del Constitucional, advierte el alto tribunal, sólo afecta a nuevos casos o a aquellos procedimientos en los que la resolución todavía no es firme.
