La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha ordenado este jueves, 7 de julio, el cierre definitivo del Centre d’Internament d’Estrangers (CIE) de la Zona Franca. El teniente de alcalde, Jaume Asens, ha explicado que gracias a una rendija legal se puede evitar la reapertura del centro. El ayuntamiento argumenta que el CIE no tiene la licencia de actividad permanente, no cumple con las normas de seguridad contra incendios, y no ha hecho las correcciones requeridas, que se comunicaron a finales de abril al Ministerio del Interior.
Por su parte, el líder del PP en el ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, hermano del ministro del Interior, ha rechazado la decisión del consistorio, y ha afirmado que el partido que lidera Colau no se pronuncia con la «misma exigencia, rapidez y contundencia» que con los «top manta y okupas de Barcelona». El ministro del Interior, también ha criticado las palabras de Jaume Asens, puesto que, según Jorge Fernández Díaz, «si conocían la situación hace diez años, y querían cerrar el centro, no entiendo por qué no lo hicisteis«. Desde el Ministerio del Interior se ha defendido constantemente la necesidad de este centro, para materializar las expulsiones de los inmigrantes en situación irregular.
Desde que el CIE está cerrado por reformas, el Parlament de Cataluña, el Síndico de Agravios, la consejería de Justicia, y varias entidades, han solicitado en varias ocasiones el cierre definitivo del centro. Aún así, Fernandez Díaz tiene la intención de reabrirlo en los próximos días. Jaume Asens, ha afirmado al respecto que, en el caso de que se vuelva a abrir el centro y, por lo tanto, se desobedezca la decisión del consistorio, se pondrían en marcha medidas coactivas, que podrían suponer multas coercitivas y, incluso, el precinto del CIE.
