De los tres delitos que la Fiscalía imputó a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por la realización de la consulta del 9-N, el juez instructor del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Joan Manuel Abril, sólo ha incluido dos en su escrito de conclusión del sumario: desobediencia grave y prevaricación. En cambio, ha dejado caer el de malversación de caudales públicos.
Con esta modificación, los tres ex-dirigentes de la Generalitat eluden una hipotética pena de cárcel, puesto que el delito de malversación es el único que puede ser castigado con una condena de reclusión. Los cargos por desobediencia grave y prevaricación sólo pueden comportar una multa y la inhabilitación para ejercer responsabilidades públicas.
Quien lo tiene más crudo es Quico Homs que, al ser diputado en Madrid, tiene el sumario abierto por el 9-N en el Tribunal Supremo que, en principio, mantiene contra él las tres imputaciones de la Fiscalía y, por lo tanto, corre el riesgo de ser condenado a prisión. El magistrado Joan Manuel Abril dejará muy pronto el TSJC para ocupar la presidencia del Tribunal Superior de Andorra.
