Convergència (CDC) se querellará contra el ministro del Interior, Jorge Fernádez Díaz, y el PSC ya lo ha hecho contra el director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, que hoy será revocado del cargo por el Parlamento catalán.
La querella de los convergentes contra Fernández Díaz, que se presentará en el Tribunal Supremo por su condición de ministro en funciones, será por los presuntos delitos de injurias y calumnias, revelación de secretos y atentado contra la autoridad.
El coordinador de Régimen Interno de Convergència, Francesc Sánchez, ha anunciado que estudiarán si también actúan contra Daniel de Alfonso.
Fernández Díaz asegura que está muy tranquilo por dos razones: primero, porque las acusaciones se basan en la grabación ilegal de unas conversaciones que sería considerada una prueba nula en cualquier tribunal y, después, porque el PP ha mejorado los resultados en Cataluña, motivo por el cual dice que se siente «acompañado» por los ciudadanos. En realidad, el PP fue la quinta fuerza en Cataluña.
El PSC no se ha querellado contra Daniel de Alfonso por la grabación, sino por el hecho que les atribuyó su filtración. En el escrito dirigido al juzgado de instrucción, los socialistas hacen referencia a la entrevista que concedió a TV3 el 21 de junio pasado, en la cual dijo que sus conversaciones han aparecido en el digital publico.es en el momento en qué Antifraude «está investigando la presunta financiación ilícita de un partido político» y, después de la pregunta de qué partido se trataba, respondió: «Del PSC, presuntamente, eh?».
Los socialistas entienden que estas declaraciones pueden constituir un delito de calumnia con el agravante de publicidad.
Después están en estudio las acciones judiciales que puedan emprender Oriol Junqueras, Carme Forcadell o el exalcalde de Barcelona, Xavier Trias.
