El Gobierno catalán aprobaba hace dos semanas el Plan de Acción para el desarrollo de infraestructura de los vehículos eléctricos: casi 6 millones de euros para instalar más de 21.000 nuevos puntos de carga para este tipo de coches, que no contaminan. Según la nota de prensa de la Generalitat, también prevé instalar 360 nuevas estaciones de recarga semi rápida en redes urbanas y centros de ocio y 81 puntos de recarga rápida de acceso público.
El portal ecoviaT, en el que deberías registrarse -si eres propietario de un vehículo con emisiones contaminantes bajas- para ahorrarte pagar los ‘peajes catalanes’, calculaba el año pasado que por el país circulaban unos 3.500 coches de estas características.
¿De qué sirve tener una de las mejores redes europeas de estaciones eléctricas, si no se usan? Cuando se haya desplegado el Plan de Acción, Catalunya tendrá una ratio -aproximada- de 6.000 puntos de recarga por vehículo. Va, pongamos de 2.500 puntos si en 3 años despunta el -hasta ahora poco incipiente- mercado del coche eléctrico.
¿Alguien se cree el cuento que dice que por poner más estaciones se comprarán más coches eléctricos? ¿O que «favorecerá -como dice la nota de prensa de la Generalitat sobre los Objetivos del Plan- que los municipios catalanes podrán aplicar medidas de mejora de la calidad del aire?».
Habría que abrir los ojos a los ideólogos de este Plan, y decirles que para fomentar el aumento del número de vehículos eléctricos privados hay que subvencionar su compra. Dedicar parte de los 6 millones -o dedicar bastantes más si de verdad creen en el cambio de paradigma (y si el señor Brufau les da permiso- para pagar un porcentaje del precio de estos vehículos, que suelen ser unos 7.000 u 8.000 euros más caros que los mismos modelos impulsados con petróleo.
En Andorra, donde después del asunto BPA deben espabilar para maquillar la imagen del paraíso fiscal, té pagan hasta 10.000 euros por vehículo eléctrico. La ayuda supone casi el 40% del precio de compra de algunos modelos. El millón de euros que destinaron los Presupuestos de este año ha tenido que ser ampliado por la demanda de los usuarios. Andorra será un paraíso fiscal, pero no contaminante. La enhorabuena a los ideólogos (no así a los redactores de la norma, que no limitaron el número de compradores por vehículo y pusieron el Plan en bandeja a los grandes concesionarios andorranos).
