En este país sólo hay dos negocios que son seguros porque tienen toda la clientela cautiva y siempre mandan: las funerarias (todos nos morimos, tarde o temprano) y las ITV (para poder circular, la tienes que pasar; si no, te expones a la inmovilización del coche). En Cataluña hay cuatro millones de vehículos y cada año pasan la ITV unos 2,6 millones. El sector factura (nos factura) unos 100 millones de euros anuales y el margen que deja la explotación de las estaciones de inspección es muy goloso.
Por eso, Oriol Pujol y sus amigachos (Sergi Alsina y Sergi Pastor) traían entre manos la creación de una nueva operadora de ITV para poder entrar en el reparto de este gran pastel. Y es que quién tiene una ITV tiene una mina de Potosí: sólo hay que abrir la paradita y esperar a que los clientes vayan entrando y pagando, sin cesar. Pero el negocio que quería emprender Oriol Pujol era absolutamente incompatible con su condición de diputado y de secretario general de CDC, puesto que las ITV en Cataluña son, hasta ahora, un sector estrictamente regulado por la administración, y por esta razón ha sido imputado por la jueza Silvia López Mejía.
PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES
A Oriol Pujol lo ha perdido el hambre para hacer dinero rápido y poner el carro delante de los bueyes. Si hubiera tenido más paciencia, el negocio de las ITV con sus amigachos le habría caído como fruta madura sin ninguna necesidad de incurrir en la penalmente ilícita actividad del tráfico de influencias. El heredero de la dinastía Pujol, que estaba llamado a ser algún día presidente de la Generalitat, calculó mal los tempos y se precipitó, empujado por su impaciencia y su soberbia, se estrelló y arruinó su carrera política y su familia.
Como exsecretario general del departamento de Indústria (2000-2003), Oriol Pujol conocía a fondo el dossier de las ITV. Fue en el último consejo ejecutivo presidido por su padre cuando, a instancia del departamento de Indústria, se aprobó la prórroga de las concesiones que se repartían las empresas Applus y RVSA hasta el año 2014, un pucherazo que indignó a toda la oposición.
Oriol Pujol también siguió en primera línea, como portavoz parlamentario de CiU, el proceso de tramitación de la ley de seguridad industrial que hizo el gobierno tripartito (aprobada en 2008) y vivió muy cerca del despliegue del reglamento de esta ley y el concurso que, a las postrimeras de aquella legislatura (año 2010), convocó y adjudicó al entonces consejero Josep Huguet (ERC) para ampliar y diversificar el número de estaciones de ITV y de empresas operadoras en Cataluña, que pasaron de dos a cinco.
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