En Cataluña pasan cosas muy graves que sólo se explican por la profunda inmoralidad y corrupción que ha presidido la vida pública del país durante las últimas décadas. Un caso paradigmático es el de la autopista de peaje C-16, entre Terrassa y Manresa, que explota la concesionaria Autema, filial del grupo Ferrovial.
Las obras de esta autopista, inaugurada en 1989, requirieron una inversión de 233,1 millones de euros. Y la Generalitat, con la excusa de subvencionar los peajes a los usuarios de la C-16 y de compensar el plan de explotación económico-financiero elaborado por Autema, ha pagado, desde el año 1999, un total de 257 millones de euros a cargo de los presupuestos públicos. Lo acaba de denunciar el Consejo Comarcal del Bages después de una auditoría sobre las cuentas de esta concesión, ¡que tiene vigencia hasta el año 2039!
El decreto de Santi Vila
En el sector de las autopistas hay dos negocios: la construcción de la infraestructura y su explotación a través de los peajes que pagan los usuarios durante el periodo de concesión. En el caso de la C-16, Ferrovial ha ganado por partida doble: al ser una empresa de obras públicas, ya obtuvo un enorme beneficio autoadjudicándose la construcción; y, después, ha continuado enriqueciéndose con los abusivos peajes que cobra (es la autopista más cara de Cataluña) y con las subvenciones que le paga la Generalitat desde el año 1999, gracias al decreto que se sacó de la manga el entonces consejero de Política Territorial y Obras Públicas, Pere Macias.
Con la aplicación de este decreto, la concesionaria Autema se ha embolsado 257 millones de euros en subvenciones de la Generalitat. Por un lado, por el diferencial bonificado de las tarifas entre los días laborables (4,22 euros) y los festivos (7,67 euros). Por otro, por la diferencia entre el número de vehículos que tendrían que pasar para que Autema obtuviera el beneficio previsto en su business plan y los que realmente pasan. En 2014, por ejemplo, Autema pasó por los dos conceptos una factura a la Generalitat de ¡34 millones de euros!
El ex consejero de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, intentó enmendar este abuso sin precedentes con la publicación, el año pasado, del decreto 161/2015, que reducía la subvención a Autema, de forma que este 2016 se calcula que sólo cobrará unos 10 millones de euros del erario público. Pero la filial de Ferrovial no quiere perder esta vaca lechera que tiene en Cataluña y ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante los tribunales contra este decreto, que ha entrado en vigor este año.
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