Al decidir la hibernación del almacén de gas Castor, el Gobierno español otorgó una indemnización de 1.350 millones de euros a la concesionaria del proyecto, Escal UGS (propiedad en un 66,7% de ACS), que será estudiada por el Parlamento Europeo.
Según avanza la ACN, la Comisión de Peticiones de la Eurocámara ha aceptado, como le pedía la Plataforma Ciudadana en Defensa de las Tierras del Sénia, examinar y estudiar la legalidad de esta compensación, con la que cargan los consumidores de gas en sus facturas durante 30 años.
La misma información añade que el Parlamento Europeo ya ha encargado a la Comisión Europea que ponga en marcha una investigación preliminar sobre este asunto. Para la Plataforma Ciudadana en Defensa de las Tierras del Sénia el pago de la indemnización vulnera las normas sobre competencia y derechos de los consumidores. Constituye, sostiene, una «ayuda de Estado» prohibida por la Unión Europea.