Los expertos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Agencia Tributaría coinciden en que están ante una de las investigaciones, sobre delitos fiscales, más complicadas de la historia de España. La causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, sobre la fortuna de Rodrigo Rato, exvicepresidente del Gobierno central y exdirector del FMI, se extiende en más de 16 países, algunos de los cuales son paraísos fiscales.
En total, la causa afecta a 178 cuentas y depósitos bancarios. La justicia española ya ha enviado comisiones rogatorias, la mayoría de ellas sin responder, en Suiza, Curazao, Reino Unido, Mónaco, Estados Unidos, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Gibraltar, Alemania, Australia, Brasil, Italia, Países Bajos, República Dominica y Swazilandia. Las cuentas detectadas en estos países están a nombre de Rato o de las catorce empresas que habría utilizado mediante testaferros o sociedades pantalla, con la intención de esconder su patrimonio.
Tanto la UCO, como la Agencia Tributaria y la Fiscalía coinciden en que todas las sociedades que están bajo sospecha son simples tapaderas. Se trata de firmas como Red Rose Limited, Westcastle, Lamartine, Kradonara, Soraisno, Donald Inversiones, Vivaway, Findsbury o Lazard Capital, entre otras. Según los investigadores, ninguna de las catorce empresas investigadas ha tenido nunca «ninguna actividad empresarial», exceptuando algún reparto de dividendos por la venta de activos. Los investigadores del caso, han llegado a la conclusión de que la inactividad del patrimonio millonario de Rato, proviene de actividades ilícitas y, por lo tanto, de la corrupción.
