Colau, entre la espada y la pared

Asuntos de orden público -agentes, manteros y okupas- se le amontonan al Gobierno de BComú un año después de la victoria contra Trias
aldarulls gracia
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La gestión de asuntos de orden público por parte del gobierno municipal de Barcelona se ha convertido en un dolor de cabeza -no el único, pero quizás el más intenso- para la alcaldesa Ada Colau la semana que se cumple el primer aniversario de su victoria sobre Xavier Trias en las elecciones municipales del 2015.

En las últimas horas han coincidido un estallido de disturbios a raíz del desalojo del Banco Expropiado de Gràcia como no se había visto en la ciudad desde el intento de derribo de Can Vies hace dos años y la controversia del tercer teniente de alcalde Jaume Asens con la Guardia Urbana.

Asens y la Urbana
La llamada de Asens a la abogada de un agente agredido por un mantero, efectuada el viernes, han provocado la reacción de este cuerpo de seguridad, que por boca de su intendente, Evelio Vázquez, ha exigido a Colau que aclare en qué términos se produjo y reaccione con contundencia contra el regidor.

Colau ha dicho que le falta información y que se la reclamará al tercer teniente de alcalde, a la vez que se ha referido a «rumores» e «interpretaciones» difundidos acerca de a aquel episodio, sobre el que cree que se limitó a «un intercambio de impresiones jurídicas» y no a una coacción para que se retirara la denuncia. La alcaldesa ha manifestado su confianza en Asens, pero esta controversia se añade a la tibieza con que, según el parecer de la Urbana, que se queja de indefensión, se trató desde el Gobierno municipal el llamado caso Garganté.

Fuego en Gràcia
Por otro lado, este lunes, 16 personas han resultado heridas y una ha sido detenida durante la batalla urbana que ha tenido lugar en las calles del distrito de Gràcia entre agentes de los Mossos d’Esquadra y manifestantes que protestaban por el desalojo del Banco Expropiado.

El procedimiento para desocupar esta antigua sucursal de Catalunya Caixa, convertida en centro autogestionado, fue detenido por Xavier Trias justo antes de las elecciones de hace un año mediante el pago del alquiler al propietario con dinero del Ayuntamiento: 5.500 euros mensuales hasta finales del 2015.

El entonces alcalde, con los hechos de Can Vies todavía recientes, lo justificó por razones de interés social, argumentando que querían encontrar la fórmula para conciliar el derecho del propietario con el mantenimiento de la actividad al local, pero los okupas consideraron que lo que quería era «comprar la paz social» en año electoral.

Finalmente, Colau dejó de pagar el alquiler en enero de 2016 y el procedimiento se reactivó. La alcaldesa, que considera que se trata de un asunto «entre particulares», ha asegurado que no pueden asumir un alquiler «tan elevado» y que sólo pueden «mediar o buscar otro espacio».

Desde la cuenta de Twitter del Banco Expropiado, sin embargo, se ha advertido a Colau que «seremos vuestra peor pesadilla». Se prevén nuevas movilizaciones este martes y los Mossos han advertido que volverán a actuar si se producen «actos de violencia urbana» que, la pasada noche, aseguran, fueron «organizados».

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