En el poder municipal desde hace casi 30 años, Convergència Democràtica (CDC) ha convertido Sant Cugat del Vallès en su fortín particular. En ese periodo, la ciudad ha experimentado una explosión urbanística y demográfica sin precedentes en la Cataluña democrática: de los 36.000 habitantes que tenía en 1987, cuando Joan Aymerich conquistó la alcaldía para CiU, ha pasado a los 88.000 que hay censados en la actualidad, bajo el mandato de la alcaldesa Mercè Conesa.
Este desorbitado crecimiento ha sido posible gracias a una continuada política de recalificaciones urbanísticas que, curiosamente, se ha mezclado propagandísticamente desde el Ayuntamiento con una demagógica defensa del medio ambiente y de la sostenibilidad. ¿Es sostenible que, bajo el mismo color político, un municipio haya triplicado su población y llenado su territorio de urbanizaciones, de edificios de oficinas y de parques comerciales?
Con la excusa de «compactar» las zonas verdes privadas de Valldoreix y «consolidar» el Parque Natural de Collserola, el Ayuntamiento ha perpetrado un polémico pucherazo urbanístico que permitirá la construcción de 800 nuevas viviendas en las zonas del Turó de Can Mates, Can Cabassa y la plaza de la estación de Valldoreix (véase EL TRIANGLE n. 1210). Pero, en esta ocasión, no lo tendrá fácil para continuar llenando Sant Cugat de cemento y ladrillos.
En las últimas elecciones municipales, CiU perdió la mayoría absoluta que tenía. Ahora, toda la oposición municipal -ERC, CUP, ICV, PSC, Ciutadans y PP-, junto con la Associació de Veïns i Veïnes Progressistes de Valldoreix, Gent per Valldoreix i Mou-te per Valldoreix han decidido parar los pies a la «fiebre constructora» de la alcaldesa Mercè Conesa, que también es la presidenta de la Diputación de Barcelona.
El pleno municipal de este próximo día 23 se prevé caliente. Todos los grupos políticos -excepto el de CDC, claro está- han subscrito una moción con la que exigen la paralización inmediata de la tramitación de la modificación del Plan General Metropolitano (PGM), aprobada por la Generalitat el año pasado, que da vía libre a la construcción de las 800 nuevas viviendas.
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