En el encuentro convocado esta tarde por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, dónde han asistido varios representantes del mundo político y social, se ha acordado que todas las instituciones actuarán para dejar sin efecto la suspensión del Tribunal Constitucional, de las leyes aprobadas por el Parlamento sobre la emergencia energética y habitacional, y evitar así una oleada de desahucios.
Puigdemont ha reclamado «una nueva ley que permita sustituir todo aquello que ha quedado suspendido» con el recurso del gobierno español al Tribunal Constitucional de la ley 24/2015, la llamada «ley de emergencia social«.
Una vez finalizada la cumbre, el presidente ha defendido que la respuesta a la suspensión de la ley de pobreza energética y emergencia habitacional tiene que ser «colectiva«, y «no sólo de la Generalitat«. Puigdemont ha explicado que durante la cumbre se ha acordado un «compromiso explícito» que pretende dejar sin «efectos prácticos» la suspensión por parte del TC. Finalmente ha pedido soluciones «rápidas» al respecto.
En la cumbre han asistido los representantes de los seis grupos del Parlamento; los secretarios generales de UGT y CCOO en Cataluña; los presidentes de la Asociación Catalana de Municipios y de la Federación Catalana de Municipios; los alcaldes y alcaldesas de Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Terrassa, Sabadell, Lleida, Tarragona, Mataró, Santa Coloma de Gramenet, Reus, Girona y Sant Cugat del Vallès, así como otros miembros del gobierno catalán.