La Generalitat y el gobierno central han convertido Medinyà, un pueblo del Gironès de unos 850 habitantes, en un nuevo casus belli, en otro motivo para exteriorizar sus discrepancias.
Medinyà se ha separado de Sant Julià de Ramis mediante una Ley del Parlamento de Cataluña, con el visto bueno de la inmensa mayoría de los vecinos, pero el gobierno central ha presentado un recurso de inconstitucionalidad.
Nunca antes se había recurrido al Constitucional una segregación municipal acordada por las dos partes con el consentimiento del correspondiente gobierno autónomo. En cambio, Medinyà será el escenario de otra guerra a pequeña escala entre la Generalitat y la Moncloa, entre Carles Puigdemont -que desde que es presidente vuelve a residir dn su chalé de Sant Julià de Ramis- y Mariano Rajoy, con el cual se reunió hace unos días.
Desde el gobierno central, se argumenta la oposición a la segregación de Medinyà por razones de eficacia administrativa y ahorro económico, pero la Generalitat recuerda que es una cuestión de voluntad popular.
La vicepresidenta Neus Munté esgrime otro motivo, que será la principal arma que utilizarán contra los populares: no se trata de la creación de ningún nuevo municipio, sino de una restitución porque este pueblo tenía su propio Ayuntamiento hasta 1972, hasta que un decreto franquista lo abolió de un plumazo. Por lo tanto, quien se oponga a la segregación de Medinyà, como están haciendo los populares, están defendiendo una medida franquista.
Hasta ahora, Sant Julià de Ramis estaba integrado por seis núcleos de población: Medinyà (unos 850 habitantes), Montagut (425), Sant Julià (200), Camp de les Comes (400), Pla de Baix (1.100) y la urbanización Golf de Girona (500), que es donde reside Carles Puigdemont.
Puigdemont ha evitado entrar personalmente en esta polémica, precisamente porque es un vecino, pero ha enviado a su número dos, Neus Munté, a la batalla.
