La Fiscalía de Barcelona está investigando si el Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC) cometió prevaricación cuando, a instancias del Gobierno de la Generalitat, abrió un expediente sancionador contra tres emisoras de radio privadas -la Cadena SER, la COPE y Onda Cero- que se negaron a emitir publicidad de la consulta soberanista celebrada el 9 de noviembre de 2014.
Esta actuación del Ministerio Público tiene su origen en una denuncia anónima sobre estos expedientes, que todavía están en fase de estudio, remitida a la Fiscalía Superior de Cataluña. El CAC ha remitido a la Fiscalía el pasado viernes la documentación solicitada.
Josep Martí, secretario de comunicación del Gobierno catalán en el momento de iniciarse los expedientes, remitió un escrito al CAC en diciembre de 2014 informado del incumplimiento de la Ley catalana de comunicación audiovisual, según la cual las emisoras tienen que difundir mensajes institucionales de interés público. Para el Gobierno de la Generalitat este era el caso del llamamiento a la participación en la consulta alternativa del 9N, que en su formulación original había suspendido el Tribunal Constitucional.
