Anna Descals, regidora de la CUP en el ayuntamiento de Olot, ha denunciado que las ambulancias tardan 25 minutos en llegar a las urgencias de la Garrotxa. La regidora ha afirmado que cada hospital disponía de una ambulancia dotada de un médico, enfermera y un técnico, y que ahora en el hospital de Campdevànol o en Sant Joan de les Abadesses no disponen de todos estos recursos.
Descals ha afirmado que este hecho supone que cuando Campdevànol requiere la atención de un equipo completo por el traslado urgente entre hospitales es el hospital de Olot el que lo hace. Ha puesto de ejemplo que «si en Olot -un día- hay un accidente grave y la ambulancia hace un servicio en Campdevànol, la persona accidentada tendrá que esperar a que venga la ambulancia cuando acabe el servicio o bien tendrá que esperar al vehículo rápido de Sant Joan de les Abadesses».
CONCURSOS MANIPULADOS
La CUP también ha denunciado, ante la Fiscalía, el concurso de adjudicación del servicio de ambulancias que hizo la Generalitat. Esta es la adjudicación más importante que hizo el segundo gobierno de Artur Mas, con un importe de 2.200 millones de euros durante una década. La formación anticapitalista denuncia supuestas adjudicaciones de carácter ilícito, así como mala praxis, malversación o corrupción en determinados contratos.
La empresa Investindustrial hizo una donación de 3 millones de euros al Hospital Sant Joan de Déu –financiado con fondos públicos y proveedor del CatSalut– poco antes de recibir la adjudicación del servicio de ambulancias. La CUP se muestra «convencida» de que «puede existir una cierta causalidad entre el acto de donación y el acto de la adjudicación«. Ha pedido a la Fiscalía una «profusa investigación«, puesto que «no hay ninguna duda que los donantes de los 3 millones de euros al Servicio Catalán de la Salud vía Hospital Sant Joan de Déu y los receptores de la adjudicación multimillonaria, por parte del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, a la primavera del 2015 son la familia Bonomi, mediante el fondo de inversión Investindustrial». Este hecho podría ser constitutivo de varios delitos contra la administración pública.
Por otro lado, El País ha informado que la empresa Ivemo Ambulancias Egara dio un total de 30.000 euros a la fundación convergente Catdem, en 2009, poco antes de recibir la adjudicación del servicio de ambulancias en varias zonas de Cataluña. Según se apunta, esta empresa habría mentido para ‘rascar’ puntos a favor, y ganar parte del concurso del servicio de ambulancias. Según un informe presentado por la UGT, el plano técnico por el cual la empresa se aventajó sobre las otras para así poder ganar el concurso no se ha cumplido, al menos en dos de las tres zonas que controla la compañía. Por ejemplo, se denuncia que la colocación de placas solares prevista en los vehículos sanitarios, «no se ha visto en ningún medio de transporte».
